Expertos han advertido en la Universitat d’Estiu de la Universitat Jaume I (UJI) que España debe acelerar la implantación de medidas si quiere cumplir en 2030 la nueva directiva europea sobre calidad del aire.
La universidad ha inaugurado el curso «La calidad del aire en España. Nuevos retos asociados a la implementación de la Directiva 2024/2881 de la UE», que se celebra los días 17 y 18 de junio en el Palasiet Wellness Clinic & Thalasso de Benicàssim, con la participación de 25 especialistas.
El rector de la UJI, Jesús Lancis, ha destacado en la apertura del curso la importancia de estos espacios de debate científico y social. En este sentido, ha señalado que «la ciencia es la base para que las administraciones puedan tomar decisiones», y ha añadido que «necesitamos establecer colaboraciones sólidas, un marco estable que permita establecer decisiones que favorezcan el bienestar de los ciudadanos».
Uno de los mensajes más contundentes ha llegado del investigador del CSIC y codirector del curso, Xavier Querol, quien ha advertido del retraso de España en la aplicación de medidas. Según ha afirmado, «en España está todo muy parado en comparación con otras ciudades de Europa que ya están aplicando medidas, ahora es el momento de aplicarlas, no de planificar como todavía se está haciendo aquí si queremos cumplir los objetivos».
Querol ha alertado además del riesgo de desigualdad en la aplicación de la normativa en Europa: «es un tema crucial para evitar que Europa no se divida en dos velocidades en este tema como está pasando», y ha puesto como ejemplo que países como Alemania, Francia y Holanda ya están actuando, mientras que otros como España, Italia o Polonia aún no han avanzado al mismo ritmo.
Desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), la subdirectora general de Prevención de la Contaminación, María de Mar Viana, ha recordado que los Estados miembros deberán cumplir los nuevos valores límite en 2030, aunque ha precisado que «los estados miembros pueden pedir un aplazamiento hasta 2035 o 2040, depende de las causas que lo provoquen».
Viana ha subrayado también el enfoque sanitario de la normativa, señalando que los nuevos valores se aproximan a los de la Organización Mundial de la Salud y que el objetivo es que «los valores de concentración de contaminación que puedan existir no supongan un riesgo para la salud humana, los ecosistemas y la biodiversidad», además de insistir en que «se tiene que involucrar a la ciudadanía para poder conseguir los objetivos».
En la misma línea, David Cáceres, del área de Calidad del Aire del MITERD, ha apuntado que la directiva implica un cambio de modelo en la gestión ambiental: «se tienen que incrementar los puntos de medida y por tanto habrá un cambio de paradigma, puesto que el seguimiento y la evaluación de las medidas será constante y habrá revisiones cada 5 años de los valores de contaminación».
Uno de los principales retos señalados durante el curso es el control del ozono troposférico. En este sentido, Cáceres ha advertido de que «uno de los problemas que tendrá España con la nueva normativa es el cumplimiento de los valores límites de ozono debido a condiciones climatológicas y orográficas».
La experta de la Agencia Europea de Medio Ambiente, Silvia Monge, ha explicado que «el área mediterránea y el centro de Europa tienen altas concentraciones de ozono que influyen, no solo en la salud, sino también a nivel de vegetación», y ha alertado de su impacto sanitario y económico: «en 2023 en Europa hubo 63.000 muertes atribuibles al ozono».
También ha aportado datos el representante del MITERD, Joaquín Caballero, quien ha señalado que en España el ozono se asocia a unos 6.500 fallecimientos en 2023 y ha advertido de su impacto económico y agrícola: «la pérdida de productividad de los cultivos y en la salud a causa del ozono nos hace menos competitivos».
El curso continúa durante dos jornadas con mesas redondas en las que expertos del CSIC, del Barcelona Supercomputing Center (BSC), del CIEMAT, universidades y administraciones autonómicas y locales analizan posibles hojas de ruta para cumplir los objetivos europeos y mejorar la calidad del aire en España.
