El exalcalde de Olocau del Rey, Vicente Royo (independiente elegido en las listas del PSPV-PSOE), ha declarado hoy como acusado ante la Audiencia de Castellón por adjudicar una obra pública a una empresa en la que poseía el 50 % de las acciones y ha aceptado un acuerdo con la Fiscalía por el que se le condena a 6 meses de prisión y un año de inhabilitación.
El juicio se ha celebrado hoy en la Sección Primera, aunque las partes han alcanzado un acuerdo que ha rebajado la pena de un año y dos meses de cárcel solicitada por el Ministerio Fiscal, hasta los seis meses más una multa e inhabilitación.
Vicente Royo ha manifestado ante la magistrada que reconoce los hechos pero que actuó "sin ser consciente de que no lo estaba haciendo bien".
Los hechos se remontan a 2013 cuando el Ayuntamiento de Olocau del Rey, una pequeña población de Els Ports de 130 habitantes, abrió el proceso para adjudicar las obras de pavimentación de la carretera a Cantavieja (Teruel) por un importe de 84.442 euros.
El entonces alcalde, Vicente Royo -que accedió a la alcaldía en la lista del PSOE como independiente en 2011 y ostentó el cargo hasta 2015- pidió adjudicar la obra mediante "procedimiento negociado sin publicidad", aunque finalmente el proceso fue de concurso público según establecieron los funcionarios.
Al concurso se presentaron tres empresas, entre ellas la mercantil de la que Royo poseía el 50 % del accionariado y en la que su sobrina figuraba como administradora.
Según el relato del acuerdo alcanzado entre las partes, los funcionarios públicos "advirtieron" de la prohibición de contratar una empresa participara por el primer edil -lo que ocurrió sucediendo- y lo hicieron en diversas ocasiones durante el proceso de tramitación del expediente y del pago de las facturas.
El Ministerio Público le acusa de un delito de negociación prohibida a autoridades o funcionarios públicos y solicitaba una pena de un año y dos meses de prisión, aunque finalmente la juez hoy ha dictado sentencia "in voce" en concordancia con el acuerdo alcanzado.
El acuerdo contempla además la inhabilitación para cargo público durante un año, así como una multa de 3.600 euros que será satisfecha de manera aplazada durante 7 meses debido a la situación económica del procesado.