La Diputación de Castelló ha destinado 800.000 euros durante la presente legislatura al servicio de guardas rurales, una medida implantada en 2024 para reforzar la vigilancia de las explotaciones agrícolas y proteger a los agricultores frente a robos y actos vandálicos.
Actualmente, las ayudas llegan a 15 municipios de menos de 5.000 habitantes, especialmente localidades donde la actividad agrícola tiene un peso importante y existen problemas vinculados a la despoblación. En la última convocatoria, la institución provincial aumentó un 50% el presupuesto, hasta los 300.000 euros, y amplió el límite de población para que más municipios pudieran beneficiarse.
La presidenta de la Diputació, Marta Barrachina, ha defendido que la seguridad es una parte fundamental para garantizar el futuro del sector primario. "La agricultura es tradición, identidad y un pilar fundamental para nuestra provincia", ha señalado, y ha destacado que la inversión en el medio rural contribuye también a generar empleo y mantener la población en los municipios más pequeños.
