El pleno del ayuntamiento de Almassora ha decidido pedir al Defensor del Pueblo que recurra al Tribunal Constitucional el decreto sobre contaminación acústica del gobierno de la Generalitat Valenciana. El texto, denuncia Compromís, da luz verde que a las empresas del Polígono del Serrallo puedan seguir su actividad sin poner medios para evitar los ruidos de los que se han quejado durante años los los vecinos de la playa de Almassora.
Este acuerdo plenario llega después de que Compromís de Almassora presentara en el pleno de ayer una moción contra el Decreto de Mazón, que fue aprobada por todos los grupos, excepto VOX. El PP votó a favor de recurrir el texto elaborado por su partido en la Generalitat.
Compromís denuncia que el decreto modifica prácticamente a escondidas la Ley contra la Contaminación acústica con un decreto urgente "que no sale a exposición pública ni nada y con una disposición adicional escondida al final de todo".
El decreto se publicó el 12 de mayo y ya han se han cumplido los dos meses de plazo para hacer hacer un recurso al contencioso.Ahora mismo solo queda la vía constitucional, hasta el 12 de agosto. La cuestión es que para ir al constitucional se necesitan 50 diputados o senadores o pasar por el defensor del pueblo. Esta es la razón por la que Compromís, en su moción, aprobada por todos los partidos políticos, excepto VOX, pide recurrir al defensor del pueblo para poder llevar el decreto de la Generalitat Valenciana ante el Constitucional.
El decreto introduce modificaciones urgentes, sin consulta pública previa, en la normativa relativa a la contaminación acústica y ambiental. La Conselleria de Medio Ambiente simplifica o elimina evaluaciones acústicas y ambientales previas para los proyectos mencionados, trasladando buena parte de la responsabilidad al promotor. El procedimiento reduce las garantías y mecanismos de control ciudadano frente a actividades que pueden generar molestias por ruidos.
La norma fue aprobada vía decreto, amparándose en la situación de "urgencia" generada por la DANA, evitando así la exposición pública y el debate administrativo.
