El Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (INECA) ha presentado un análisis técnico exhaustivo sobre el impacto del nuevo Sistema de Financiación Autonómica en la Comunitat Valenciana, elaborado a partir de los informes de FEDEA e IVIE y del Proyecto de Ley 121/000079. El diagnóstico es contundente: el sistema vigente desde 2009 ha condenado estructuralmente a la región a una infrafinanciación crónica que ha provocado una deuda acumulada de 62.424 millones de euros.
El presidente de INECA, Alfredo Millá, considera que la propuesta del Gobierno es un primer paso necesario, pero deja cuestiones decisivas sin resolver que exigen negociación política transparente, precisa y urgente.
No obstante, el presidente de INECA enfatiza que la reforma propuesta aún no garantiza la convergencia plena con la media nacional “por lo que urge concretar acuerdos precisos y verificables, ya que quedan muchos aspectos por clarificar como el tema impositivo y la deuda, entre otros”. Millá considera que es un buen modelo de partida, pero debe incluir la condonación de la deuda porque el déficit estructural no se debe a una gestión ineficiente, sino a un diseño institucional deficiente que ha obligado a endeudarse para cubrir servicios esenciales de carácter público.
Déficit estructural para cubrir servicios esenciales
A juicio de Millá, “la Comunitat Valenciana lleva más de veinte años atrapada en lo que el análisis de INECA denomina el cuadrante de doble penalización: menor capacidad fiscal relativa y, simultáneamente, menor financiación final por habitante”. Esta afirmación se traduce en que su índice de financiación por habitante ajustado se ha situado entre 88,9 y 93,0 sobre una media nacional de 100, lo que obliga a la región a destinar una proporción mayor de sus ingresos para prestar servicios públicos equiparables al resto del Estado, Así, para ofrecer servicios públicos equivalentes a la media nacional, la Comunitat se ve obligada a gastar un 10% más de lo que ingresa del sistema, generando un déficit estructural que no responde a la gestión sino al propio diseño del modelo.
INECA reconoce que la propuesta de reforma del Gobierno supone el primer movimiento real hacia la corrección de esta injusticia, ha añadido el Director de Estudios de la Entidad, Francisco Llopis. La reforma generaría para la Comunitat Valenciana un incremento neto de aproximadamente 2.499 millones de euros anuales, elevando su índice de financiación desde el entorno del 89 hasta aproximadamente 97,8. En el escenario óptimo del IVIE, incorporando el reconocimiento del esfuerzo fiscal relativo, el índice podría alcanzar 101,4 y el incremento de recursos llegar hasta los 2.500 millones anuales. Aun así, serían menos recursos de los que le corresponderían en un sistema genuinamente equitativo.
El presidente de INECA ha advertido además de que un bloqueo de la reforma supondría para la Comunitat dejar de percibir entre 2.180 y 2.800 millones de euros anuales, mayor endeudamiento forzado y el agravamiento de una brecha con las comunidades forales que ya supera el 60-80%.
