El Grupo socialista en el ayuntamiento de Alicante ha registrado hoy una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción tras detectar la presunta comisión de hasta cinco delitos vinculados a la construcción y adjudicación de viviendas sobre una parcela municipal. El escándalo del reparto de pisos que salpica de lleno a la gestión de Luis Barcala ha incluido, al menos, la adjudicación de vivienda pública a la concejala de Urbanismo, a familiares de una directora general nombrada por el propio alcalde y a un arquitecto municipal.
La portavoz del PSOE, Ana Barceló, ha manifestado que el gobierno de Barcala podría haber vulnerado el derecho de acceso a la vivienda, que debe responder al interés general. Por eso, hemos pedido a la Fiscalía que investigue lo que ha ocurrido con la adjudicación de pisos construidos en una parcela municipal”. “Lo que estamos viviendo es un escándalo, teniendo en cuenta que en la ciudad de Alicante existen más de 5.400 familias en lista de espera para acceder a una vivienda pública, y cuando cada vez son más las familias que se tienen que marchar de la ciudad por la imposibilidad de pagar el precio de una vivienda en alquiler o en propiedad. Cuando hablamos de suelo público y vivienda protegida hablamos del interés general, y cuando ese derecho se puede haber visto vulnerado, acudimos a Fiscalía”.
Los hechos ocurridos bajo el mandato de Barcala podrían ser constitutivos de presuntos delitos de prevaricación administrativa, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y conflicto de intereses, estafa, fraude a la Administración y fraude de ley con relevancia penal. “Es lamentable que en una ciudad que tiene tantos problemas de acceso a la vivienda estemos hablando hoy de la comisión de hasta cinco presuntos delitos para beneficiar a personas que han podido estar vinculadas al gobierno de Barcala. Cuando una promoción de vivienda pública destinada a facilitar el acceso a la vivienda a quienes más lo pueden necesitar acaba beneficiando a cargos públicos o personas vinculadas al PP, nos vemos obligados a pedir que se abra una investigación judicial. La ciudadanía tiene derecho a saber qué ha pasado y por qué”.
“Seguimos exigiendo al alcalde que dé explicaciones públicas y que convoque un pleno extraordinario y ponga en marcha una comisión de investigación. Barcala no actuó con la transparencia exigible, no estableció los controles necesarios en una cuestión tan sensible como la vivienda protegida sobre suelo municipal. La dimisión de la concejala de Urbanismo y de la directora general no es suficiente. Confirman que hay un problema político grave con la gestión de esta promoción de vivienda pública que va mucho más allá de la polémica mediática. Por tanto, se deben dirimir responsabilidades”.
Comisión en Les Corts e ir piso por piso
Por su lado, el grupo parlamentario de Compromís en Les Corts ha registrado la petición de una comisión de investigación en la Cámara Autonómica. La diputada de esta formación, María José Calabuig, ha manifestado que no estamos ante un "caso anecdótico". Lo que hace es demostrar y poner en evidencia la "estrategia del PP en materia de vivienda". Un modelo que deja a un lado las "rentas medias y bajas" para beneficiar a personas "con rentas altas y, en especial, a quienes tienen el carné del PP".
Desde el ámbito local, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha instado al alcalde a investigar el uso de las viviendas de promoción pública de La Condomina con los medios municipales al alcance, ya sea a través de Policía Local o Aguas de Alicante.
Rafa Mas apunta que el responsable directo o indirecto es el alcalde Luis Barcala, "el tiempo lo dirá", ha precisado, y le insta a revisar hoy mismo piso a piso, para comprobar si los propietarios viven allí, como marca la normativa, o no, o incluso si se están alquilando, algo que sería ilegal, siendo uno de los métodos de comprobación el consumo de agua.
