Dos de los 140 adjudicatarios de las viviendas de protección pública del complejo Les Naus de la playa de San Juan han renunciado a los domicilios, según ha anunciado este martes el alcalde de la ciudad, Luis Barcala.
En una comparecencia al término de la Junta Local de Gobierno, el alcalde ha explicado que estos dos adjudicatarios no son cargos municipales ni personas públicas -"no han aparecido en los medios, dos personas no relevantes"-, y ha afirmado que no puede revelar las explicaciones que han ofrecido para desistir de las viviendas en el residencial 'Les Naus' porque infligiría la Ley de Protección de Datos.
En todo caso, ha añadido que entiende que "a lo mejor no cumplían las condiciones que se daban cuando accedieron" a las viviendas protegidas, o quizá ahora no lo atenderían o, incluso, pudieron interpretar "mal" los requisitos para solicitar uno de estos inmuebles dentro de un escándalo que ha sacudido la actividad política del ayuntamiento y que ya se ha saldado con la dimisión de la concejala de Urbanismo, la popular Rocío Gómez, y de una directora general municipal.
Cala el mensaje de que no se quedará impune
"Es una noticia importante porque cala el mensaje de que no quedará impune ninguna conducta irregular. Ante la duda, que renuncien y las entreguen", ha advertido en un caso donde puede haber "consecuencias muy graves" y donde "es prioritario que las viviendas lleguen a quienes tienen que llegar".
En esta línea, el alcalde ha hecho un llamamiento público para que, al igual que ha sucedido con los dos que han renunciado, "todo el que sea consciente" de que ha sido beneficiario de una vivienda pública ilegítimamente "que lo arregle, y que lo arregle es que entreguen las viviendas" y ha insistido en que su Gobierno ha actuado y lo seguirá haciendo con "contundencia, celeridad y máxima transparencia" porque es "consciente de la alarma social generada y del escándalo".
Tras defender que actuará con "contundencia, celeridad y máxima transparencia" consciente "de la alarma social generada y del escándalo", de la apertura de diligencias del juzgado de Instrucción número 5 de la ciudad, que ha pedido a la fiscalía Anticorrupción que aporte las denuncias presentadas por el propio ayuntamiento, la Generalitat, el PSPV-PSOE y Sumar, ha expresado la "máxima confianza" en el trabajo de la jueza, a la que pide "celeridad" y ofrece "la máxima colaboración".
Ha recalcado que el alcalde es quien "más interés" tiene en que se investigue porque "Alicante no se merece esta mancha" y ha proseguido que uno de sus objetivos para este mandato político es que "la vivienda sea una prioridad", para lo cual quiere que se construyan 6.000 con, al menos, un 30 por ciento de promoción pública.
Después de subrayar que "el ayuntamiento no ha adjudicado ninguna de las viviendas", ha apuntado a la cooperativa de la promoción por haber sido la encargada de captar, comprobar que se cumplían los requisitos y tramitar el proceso ante la conselleria valenciana de Vivienda, que era la que finalmente verificaba y visaba el proceso.
Operativo policial
Atendiendo la petición de la conselleria de Vivienda, el ayuntamiento está preparando un operativo de la policía local para efectuar una inspección en Les Naus y "comprobar que efectivamente los empadronados están habitando las viviendas", todo con el objetivo final de "recuperarlas de quienes no tengan derecho a tenerlas", para lo cual se hará uso del derecho de nulidad, tanteo o retracto por fraude de ley.
De la anunciada comisión municipal que investigará las adjudicaciones, ha dicho que ya ha designado al vicealcalde, el popular Manuel Villar, como presidente y al concejal Toño Peral como vocal del PP, y que en breve se convocará la sesión constitutiva de ese órgano fiscalizador.
Además de esta comisión, Barcala ha enumerado otras iniciativas para arrojar luz a lo sucedido como la petición de informes a los departamentos de Patrimonio, Contratación y de Recursos Humanos para que los grupos políticos estén informados y puedan hacer sus aportaciones en la comisión de investigación, y ha relatado que también se han pedido expedientes y conclusiones a las concejalías "para tomar medidas" y que se han abierto dos expedientes a dos arquitectos municipales y otro más informativo en Contratación.
