El secretario de organización de la Federación de Pensionistas CCOO, Ignacio Javier García López, el secretario general de la Federación de Pensionistas de CCOO PV, Juan Pradells Ponce y la secretaria de comunicación de la Federación de Pensionistas de CCOO, Antonia del Castillo, han presentado en Alicante las conclusiones de este Observatorio, que realiza un seguimiento de los indicadores que afectan a las personas mayores: cambios demográficos, pensiones, atención a la dependencia, sistema público de sanidad o condiciones de vida.
En España hay 10.535.869 pensiones, con una media de 1.373,44 euros. De viudedad hay 2.344.874 pensiones, con una media de 976 euros. En el País Valenciano, hay 1.084.872 pensiones, con una media de 1.272 euros. De viudedad hay 245.885 pensiones, con una media de 916 euros. En el apartado de pensiones contributivas, en el País Valenciano se han pagado, durante el mes de agosto, 36.341 pensiones no contributivas, con un valor de 622,56 euros. Y de incapacidad, hay 15.225 pensiones, con un valor de 679,61 euros.
Los cuidados familiares son mayoría
El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) ha sido capaz de atender a más de 1,7 millones personas en situación de dependencia con resolución de PIA (Programa Individual de Atención). En el País Valenciano hay 184.812 personas con ayuda a la dependencia; de ellas, 133.635 personas con ayuda de cuidados familiares, el 17,10% sobre el total nacional.
En este punto, CCOO defiende que los cuidados deben ser proporcionados por personas cuidadoras profesionales, pues en la actualidad, las mujeres son las principales cuidadoras de sus familiares dependientes. El 47% de las personas cuidadoras familiares tienen entre 50 y 66 años.
En el País Valenciano sigue habiendo una lista de espera importante de peticiones pendientes de valoración: 30.000 personas. El tiempo medio de la lista de espera es de 299 días. El secretario general de Pensionistas de CCOO PV, Juan Pradells, ha destacado que, en el periodo de los ocho primeros meses de este año, 1.435 personas fallecieron antes de que la administración valenciana valorara y resolviera su solicitud. Otras 895 murieron con la resolución aprobada pero sin recibir la prestación. Es decir, 2.330 personas murieron antes de ver solucionado su problema administrativo con la Generalitat Valenciana.
En el apartado de las plazas residenciales con financiación pública, lo encabeza Castilla y León con un 80,04%. El País Valenciano está en la parte media de la tabla con un 66,8%.
Por lo que respecta al gasto sanitario, según el PIB, nuestra autonomía destina un 6,8 %. La comunidad autónoma que menor porcentaje dedica a la sanidad pública es Madrid, con el 4%. La lista de espera para consultas del Sistema Nacional de Salud se sitúa en el País Valenciano en 84,4 por cada 1.000 habitantes. La lista de espera quirúrgica está en 9,9 por cada 1.000 habitantes, de las menores del Estado.
En materia de gasto en conciertos, el País Valenciano es de las autonomías que menos gasta, un 4%. Cataluña gasta un 21,6% y Madrid un 12,2%.
Hace falta suficiente financiación y más voluntad política
El 20,4% de la población valenciana tiene entre 65 y más años. Según Juan Pradells, el incremento demográfico relacionado con las mejoras en la expectativa de vida conlleva a considerar que esa mayor longevidad ha de ser con calidad. “El objetivo sería añadir ‘vida’ a esos años, si no es así, se convierte en miseria”, ha afirmado.
El responsable de Pensionistas de CCOO PV ha hecho referencia al reciente índice DEC 2025, elaborado por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que califica al País Valenciano con una nota de 4,8 sobre una máxima de 10. “Un suspenso que roza el aprobado, lejos de las notas altas y, por supuesto, de la excelencia”.
Para Pradells, la financiación es la clave de las soluciones. “Las aportaciones del gobierno central y de las CCAA deberían ser transparentes y no lo son. El copago que tantas familias deben soportar es otra de las patas de la mesa que conlleva al desequilibrio del sistema”. Por tanto, reclama financiación suficiente, sin opacidad, junto con voluntad política, pues son las bases para obtener “la eficacia administrativa que requieren las personas mayores, que cada vez somos más”, ha concluido.
