Los servicios jurídicos del Gobierno regional alegan para recurrir el Real Decreto del 22 de julio "invasión" de competencias exclusivas en protección de menores y asistencia social, y falta de justificación de urgencia. También critican el uso de un instrumento inadecuado para regular materias reservadas a leyes orgánicas. Otro de los argumentos es en sí el reparto de menores no acompañados entre las distintas regiones y por qué éstos no pisarán otras comunidades como el País Vasco o Cataluña. De ahí que este REal Decreto se tilde por parte del Ejecutivo de Díaz Ayuso de "opaco y discriminatorio".
En paralelo, la alcaldesa popular de Pozuelo de Alarcón ha iniciado el procedimiento para cerrar el centro de acogida de migrantes ubicado allí "por no disponer de licencia para ello" Una inspección municipal ha comprobado que el inmueble había pasado de ser un centro de formación a acoger a más de 500 personas sin los permisos correspondientes. Para la alcaldesa, "la transformación del uso del edificio supone una temeridad”. El propietario del CREADE, que es la Tesorería General de la Seguridad Social, tiene ahora 15 días para presentar alegaciones.
