La situación de las universidades públicas madrileñas es cada vez más tensa debido a las protestas continuadas de los docentes, estudiantes e incluso sus propios rectores frente a la escasa financiación que reciben. A esta polémica se ha sumado este miércoles un nuevo capítulo con la publicación en El País de un artículo sobre la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) de la Comunidad de Madrid que se encuentra en borrador. El diario, que ha tenido acceso al documento, señala como "insólito por su severidad" al régimen sancionador de la nueva ley. Isabel Díaz Ayuso ha respondido en redes sociales al periódico para afirmar que la noticia es "falsa".
Multas de hasta un millón de euros
La nueva legislación incluiría como infracciones 'graves' los escraches o manifestarse sin autorización para impedir otra actividad, acciones que podrían ser castigadas con multas de hasta 100.000 euros. La norma también incluye una categoría para infracciones 'muy graves' penadas entre 100.000 y un millón de euros, dentro de las que incluye actos que supongan "no garantizar, por acción u omisión, la pluralidad y la libertad en el campus, especialmente la libertad de expresión, y de cátedra".
Más en particular, dentro las acciones 'muy graves' se encuentran algunas como empezar las clases en un centro de educación superior sin autorización, publicidad engañosa sobre el permiso para impartir clase, falsificar documentación para poder acceder a un estudio superior, impedir "la acción legítima" de las fuerzas y cuerpos del Estado o unas elecciones o permitir la celebración de un "referéndum ilegal".
Además, dentro las faltas 'leves' se incluyen algunas como poner una pancarta no autorizada, que podría acarrear una multa de hasta 15.000 euros. El diario señala que esta normativa entraría en conflicto con otras ya vigentes como la Ley de Convivencia Universitaria de 2022 del ministro Castells, que ya incluía ciertos castigos a los estudiantes y con los estatutos catalanes y vascos de universidades, que no incluyen medidas disciplinarias.
Ayuso desmiente la noticia
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha respondido a esta información en redes sociales indicando que no es verdad. "Esta noticia es falsa", se ha limitado a decir en un post de la red social X en el que muestra una foto de la portada de El País que abre con esta noticia.
Posteriormente, la dirigente de la Comunidad de Madrid ha publicado un vídeo en el que el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana Duro, explica el contenido del régimen sancionador de la normativa. Duro ha asegurado que el borrador regional no contraviene ninguna normativa estatal, sino que sigue la línea de la ley aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Después de lo que ha sentenciado, que la propuesta protege la libertad de expresión, de reunión, de asociación y de cátedra.
También afirma que da herramientas a las universidades para poder hacer efectiva su autonomía y garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales, pese a que no ha negado las cuantías ni el contenido de los distintos tipos de infracciones.
Por último, el consejero ha señalado que este régimen estaba anunciado desde el 2024, pero que casualmente sale a la luz en el momento en el que el cerco en torno al Gobierno se estrecha debido a la imputación del Fiscal General del Estado y de la publicación de la normativa del Ejecutivo para regular las universidades privadas.
