Tras la Declaración de Impacto Ambiental favorable a la central solar denominada Cillamayor 1, la Asociación Ecologista La Braña ha dado el primer paso para una más que probable judicialización contra esta instalación. Los ecologistas han enviado a la Junta de Castilla y León un concienzudo documento de 19 páginas en el que solicitan la Revisión de Oficio de todo el expediente así como su Anulación, por considerarlo ilegal y nulo de pleno derecho.
Se basan para ello en el claro incumplimiento del Convenio europeo de Aarhus según el cual con anterioridad al inicio del expediente, los promotores deben iniciar un proceso de consulta, información y participación de personas, administraciones y colectivos sobre sus intenciones, paso éste que no se ha realizado. También, La Braña recuerda que Castilla y León en general y la provincia de Palencia en particular no han aprobado aún una ordenación efectiva del territorio, careciendo por tanto de una preceptiva Evaluación Ambiental Estratégica, algo que es imprescindible para construir estas industrias en suelos que no son industriales.
Otro argumento más radica en la evidente partición de proyectos para que éstos no superen los 50 Mw, en cuyo caso el organismo que interviene es el Ministerio de Transición Ecológica y no la administración regional. Se da la circunstancia que esta central se pretende ubicar al lado de otras dos de un mismo promotor, sumando todas cerca de 100 Mw, y ocasionando un efecto sinérgico acumulativo de nefastas consecuencias para la comarca.
La Braña constata en su escrito que en el proyecto no se ha tenido en cuenta el “efecto corona” debido a la ionización del aire alrededor de las líneas de alta tensión ni se ha respetado el “principio de precaución” ante los campos electromagnéticos que estas instalaciones ocasionarían en terrenos de Barruelo de Santullán y Brañosera. Otro aspecto más obviado en el proyecto, ha sido el obligatorio análisis de rentabilidad energética, del cual carece.
Todos estos argumentos, entre otros, han sido presentados ante la Junta como un primer aviso antes de que continúe el expediente, ya que desde La Braña no se fían de que los ayuntamientos de Aguilar de Campóo, Barruelo de Santullán y Brañosera denieguen las necesarias licencias de obra -poniendo fin a este despropósito-, ya que “cuando tuvieron ocasión de alegar en contra, no lo hizo ninguno de ellos”. O más recientemente, en el caso de Barruelo, cuando el grupo A.B.I. presentó una moción contraria a estas instalaciones a instancias de La Braña y el PSOE se negó mientras que el PP se abstuvo.
Desde La Braña pedirán responsabilidades civiles institucionales y personales, además de las penales si fuera preciso, ante todos aquellos que autoricen este proyecto.
