El Gobierno de Cantabria (PP) considera "muy graves" las "irregularidades" detectadas por el Tribunal de Cuentas en materia de contratación en la Consejería de Cultura en 2022, al mando del entonces también vicepresidente autonómico y líder del PSOE en la región, Pablo Zuloaga.
El Ejecutivo regional considera que el informe del órgano fiscalizador es "un tirón de orejas" a la gestión realizada por el socialista --que actualmente ya no es líder del partido, pero sí diputado-- y lo está analizando, como harán también los servicios jurídicos para estudiar si se lleva a la Fiscalía.
Aunque este paso no es una opción "exclusiva" de la administración sino que "cualquier persona puede ir" al ministerio público, como ha señalado y recordado el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, este jueves a preguntas de los periodistas por este asunto.
El Tribunal de Cuentas detectó hace un mes, como publicó entonces esta agencia, un "uso excesivo" de contratos menores en el departamento de Cultura en 2022, lo que "puede afectar a los principios de publicidad y concurrencia", y ahora han trascendido irregularidades en el ámbito de la contratación mayor.
Agüeros ha indicado a los medios que ha "leído por encima" la noticia y que necesitaría "ver" el informe, que como ha precisado es "de fiscalización, no de enjuiciamiento". Y en cualquier caso, será estudiado por el Gobierno y sus letrados de cara a su posible remisión a la Fiscalía.
Y es que el consejero ha señalado que Cuentas pone de manifiesto la existencia de "graves irregularidades" en el sistema de contratación, en concreto en los contratos mayores, que son "los más importantes y los que más millones de euros mueven", como los relacionados con La Lechera, el Museo Marítimo, el MUPAC o el Palacio Jaime del Amo en Suances.
Según el informe y como ha explicado Agüeros, en 2022 en Cultura hubo una "carencia total de programación en la contratación" y de documentos "esenciales", como la declaración de urgencia o la existencia de modificados.
Pero, a su juicio, "lo más grave" de todo es la adopción de decisiones de contratación "sin cobertura presupuestaria", que significa -ha dicho- "no tengo dinero pero tiro para adelante".
El informe reconoce esas "irregularidades" o incluso un desvío de fondos de unos 700.000 euros, aunque, como ha apuntado el consejero de Economía, eso no quiere decir que alguien "se haya llevado" ese dinero "en su bolsillo para casa", pero sí que "no han pasado por los filtros habituales" en los sistemas de contratación de las consejerías.
En relación a los controles en estos procesos, Agüeros ha señalado que "hay políticos que tienen la tentación de decir 'tiro por el camino del medio' porque, si no, no inauguro (el proyecto en cuestión) para las elecciones".
El responsable regional de Economía cree que los cántabros "no se merecen esto" y ha aprovechado para transmitir a la ciudadanía que en la actualidad "todos" los sistemas de contratación de la Sociedad Regional de Cultura cuentan ya con las medidas que propone el Tribunal de Cuentas en su informe.
También ha sido cuestionada por este informe la portavoz del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones, que ha explicado que no podía realizar una "valoración exhaustiva" porque solo conocía lo publicado en los medios de comunicación, si bien ha añadido que "en cualquier caso es tiempo pasado".
"Actualmente hay un nuevo secretario general, una nueva Dirección política que fue elegida por la mayoría de los militantes y nosotros tenemos nuestra propia línea de acción", ha zanjado.
