"Con 40 años cotizados en hostelería, tengo que vivir en el coche", ha relatado entre lágrimas después de que en el pleno del Ayuntamiento de Palma, la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Àngela Pons, haya alertado de que en Palma "hay muchas Maricarmen", en referencia a la mujer desahuciada este miércoles de su piso de Madrid.
Pilar, según ella misma ha explicado, cobra 480 euros de una pensión para personas mayores de 52 años, fue desahuciada de su piso en la calle Joan Crespí, en el que vivía desde el año 2021, y pasó por un albergue hasta que tuvo que dejarlo y tener que vivir en el coche, aunque ahora está en un hostal en el Secar de la Real. "Llevo desde julio durmiendo en la calle, lavándome en Mercadona con una palangana y duchándome en Ciudad Jardín. No como lo que tengo que comer y por la noche un poco de embutido y pan", ha relatado.
Según ha añadido, le han recomendado que se vaya a la Península, donde podría acceder a una vivienda más económica. "Soy española por los cuatro costados. Me han dicho que me vaya a la Península, que es más barato. Yo no me voy de esta isla. Llevo aquí desde el año 1987 y soy tan mallorquina como cualquier mallorquín", ha afirmado.
López ha explicado que solo con 24 horas de antelación la avisaron de que tenía que dejar el piso el 2 de junio porque el banco vendió la vivienda a un fondo buitre. La mujer ha explicado también le llegaron a ofrecer 60.000 euros por dejar el piso y más tarde 10.000.
SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES
Fuentes del Ayuntamiento, por su parte, han explicado que la mujer ha recibido atención y apoyo por parte de los Servicios Sociales municipales desde 2019 de forma intermitente y a lo largo de diferentes etapas.
Actualmente dispone de un expediente abierto, tiene asignada una trabajadora social de referencia y continúa recibiendo atención, incluyendo apoyo económico para el alojamiento, acompañamiento social y ayuda en diferentes trámites. Este mismo jueves ha sido atendida nuevamente por los Servicios Sociales municipales.
Durante estos años, han indicado las mismas fuentes se ha realizado un seguimiento de su situación habitacional y social, con actuaciones de asesoramiento técnico y jurídico, apoyo en la renovación y negociación de contratos de alquiler social, elaboración de informes de vulnerabilidad, entre otros.
Tras hacerse efectivo el desahucio el pasado de junio de 2026, desde los Servicios Sociales se tramitó una ayuda económica para cubrir su alojamiento en una pensión y se realizó su derivación al Equipo de Primera Atención de Servicios Sociales (EPASS).
