Un estudio realizado por dos docentes la Universitat de les Illes Baleares (UIB), presentado este miércoles, trata de desmotar el "mito" del alquiler vacacional como negocio perjudicial en Baleares, tras analizar los datos de ocupación e ingresos de Airbnb.
Además, el informe incluye un análisis del proyecto de Ley de alquiler turística del Govern, en el que se concluye que se trata de una normativa "excesivamente restrictiva que generará un perjuicio social especialmente a familias de ingresos medios y bajos".
Según el estudio, la capacidad de alojamiento en agosto de 2016 en la plataforma de alquiler fue de 15.170 anuncios activos, de los cuales se utilizaron 5.841, es decir, el 48,13 por ciento del total. "Esto demuestra que en temporada alta la mitad de las casas que se ofrecen están vacías en un día normal", ha explicado el doctor William Nilsson.
Igualmente, ha asegurado que existe una relación directa entre el número de plazas hoteleras y de alquiler vacacional. De modo que, en los núcleos con más oferta hotelera, hay menos de Airbnb y viceversa.
Igualmente, ha dicho, "cuando se compara el numero de turistas alojados en hoteles frente a los de en vivienda las diferencias son mayores al tener los hoteles una mayor ocupación media".
Para demostrar que no se trata de un negocio "excesivamente" rentable, Nilsson ha señalado que el 50 por ciento de las viviendas de alquiler turístico de Palma estuvieron ocupadas 58 días o menos entre los meses de mayo y septiembre.
"La media de ingresos entre mayo y septiembre es de 4.744 euros. Esto tampoco es mucho dinero, puesto que trasladado a todo el año corresponde a 395 euros. Si alguien quiere invertir para alquiler vacacional, la mayoría de casos no es rentable comparado con un alquiler habitual a largo plazo", ha manifestado.
Por su parte, el doctor José Luis Groizard ha explicado que las administraciones cuentan con dos instrumetos para evitar la saturación turística: restringir la oferta agregada o imponer impuestos indirectos.
Ante las dos posibilidades, Groizard se ha mostrado favorable a los impuestos, ya que "aumentan los precios hoteleros al igual que las restricciones cuantitativas; son neutrales y no favorecen a unos productores; son modulables para luchar contra la saturación en ciertos periodos del año; y son flexibles y pueden ajustarse según el objetivo de demanda deseada.
En este sentido, ha defendido que el impuesto turístico sostenible es una herramienta eficaz para luchar contra la saturación turística y que debería incluso incrementarse.
En cuanto a las barrera de la normativa, los docentes concluyen en su estudio que restringe la oferta agregada, impone la obligatoriedad de registro y obtención de licencia para operar en el mercado de alquiler; prohíbe el alquiler vacacional en ciertas zonas sin disponer de información sobre la distribución espacial de la oferta; y se prohíbe comercializar habitaciones o partes de una vivienda.