Un 20 por ciento de los perceptores de la Renta Social Garantizada (Resoga) estaban dados alta en la Seguridad Social y, por tanto, trabajaban y no habían comunicado al órgano competente la mencionada alta, recibiendo dichas ayudas de manera indebida. Así lo ha explicado este miércoles en rueda de prensa la consellera de Familias y Asuntos Sociales, Catalina Cirer, quien ha expresado su "sorpresa" cuando llegó al departamento que ahora gestiona, al ver que de junio a julio de 2023, cuando todavía la Conselleria estaba liderada por el anterior Ejecutivo, se dio una bajada de perceptores de cerca de 500 personas.
En concreto, según ha explicado, estos perceptores de la Renta Social Garantizada pasaron de 3.332 en junio de 2023 a 2.842 en julio; por tanto, cayeron en 490 personas. "Este hecho nos sorprendió, primero porque teníamos un desconocimiento global de cómo funcionaba la Conselleria y porque vimos que no había pasado esta bajada en esos meses en otros años", ha indicado Cirer.
En esta línea, ha mencionado que en junio se realizó un cruce de datos con la Tesorería de la Seguridad Social, detectándose este 20 por ciento de personas que cobraban la Resoga cuando estaban dadas de alta. Este es el dato, según la consellera, "que explica la bajada de junio a julio".
Durante la rueda de prensa, Cirer ha detallado que enero de 2023 la Resoga contaba con un total de 3.387 perceptores, y el año acabó con 2.753. Además, entre enero y diciembre del año pasado se gestionó un importe total de 28,9 millones de euros, al que hay que sumarle una paga extra de cerca de un millón que entraba dentro de las medidas del equipo de gobierno anterior en el concepto de Escudo Social. En 2022, el importe gestionado fue de 29,3 millones de euros.
En cuanto a la evolución de estas ayudas a lo largo de 2023, el número de perceptores aumentó hasta el mes de mayo y, como se ha explicado anteriormente, de junio a julio se observó una bajada de cerca de 500 personas "que no había pasado otros años". "A la vista de esta evolución inexplicable", la consellera anunció, en una sesión de control en el Parlament, que realizaría una auditoría interna para conocer cómo se llevaba a cabo esta prestación, cuyos resultados estarán listos "de aquí a unos meses".
La consellera ha mencionado, al respecto, una serie de circunstancias que bajo su juicio se deben corregir, al considerar que "no son correctas tal y como se estaban llevando a cabo". En primer lugar, ha hecho referencia al cumplimiento del artículo 32 de la ley, que establece una revisión anual de todos los expedientes para comprobar que se mantienen las condiciones que dan derecho a los perceptores.
