José Manuel Maroto, delegado delegado de USAE en Baleares, ha denunciado en Onda Cero que la empresa pública de ambulancias GSAIB tiene en mente aplicar recortes salariales unilaterales para corregir años de "mala gestión retributiva" cuando el problema se arrastra por su propia ineptitud desde el 2018.
Concretamente, Maroto ha explicado que la raíz del conflicto se remonta a la creación de la empresa pública, "cuando se impusieron salarios sin consenso y sin transparencia" y cuando nunca se nos explicó cómo se calculaban determinados conceptos salariales" y que ahora, "tras años de pagos incorrectos, la empresa pretende aplicar una quita a trabajadores que ya cobran sueldos muy bajos, situados entre 1.500 y 1.600 euros mensuales, dejándoles como los peor pagados".
Al mismo tiempo, ha denunciado que la falta de control y supervisión ha derivado "en una gestión opaca y deficiente", hasta el punto de que ha reclamado "la desaparición de la empresa pública y la integración directa en el SAMU 061" insistiendo en que el modelo actual "genera desigualdades entre trabajadores que realizan funciones similares dentro del mismo servicio de emergencias".
No en vano, Maroto ha alertado que los recortes "podrían dejar algunos sueldos cerca del salario mínimo y totalmente inasumible en islas con un coste de vida tan elevado" provocando además, "fuga de profesionales o a otros muchos a buscar un segundo empleo para poder vivir" ya que, según sus palabras, "somos el único sector de la sanidad balear que no cobra difícil cobertura, ni carrera profesional, ni la insularidad como toca".
Por último, con respecto a las negociaciones, ha asegurado que han mantenido múltiples reuniones sin avances reales, asegurando que la interlocución actual "no es válida". Y por ello, ha reclamado que sea Función Pública "quien se siente a negociar directamente con los trabajadores" y que la administración asuma responsabilidades políticas "después de que haya calculado en 3,5 millones de euros los pagos indebidos desde 2018".
