Formentera ha dado este martes un paso que puede marcar un antes y un después en su representación institucional en el Estado. El Congreso de los Diputados ha aprobado la toma en consideración de la proposición de ley para modificar el artículo 69.3 de la Constitución, lo que permitiría que la isla cuente por primera vez con un senador propio.
En una entrevista concedida en el programa Más de Uno Ibiza y Formentera, el presidente del Consell Insular, Óscar Portas, ha valorado “muy positivamente” el resultado de la votación y ha subrayado que se trata de “el inicio de un proceso que requerirá consenso, responsabilidad y trabajo conjunto” por parte de todas las fuerzas políticas.
Portas ha recordado que Formentera es la única isla del Estado que no tiene representación directa en el Senado, pese a contar con instituciones propias y una realidad territorial diferenciada. En este sentido, ha insistido en que la reivindicación no busca privilegios, sino equidad institucional: “No pedimos un trato especial, pedimos coherencia territorial y seguridad jurídica”.
El presidente insular también ha destacado que esta aspiración responde a un derecho reconocido desde 2007, cuando Formentera adquirió su actual estatus institucional. Por ello, ha afirmado que el Consell mantendrá una actitud constructiva durante toda la tramitación parlamentaria para lograr el objetivo final: “Reformar la Constitución para que Formentera disponga de un senador propio es una cuestión de justicia democrática”.
La iniciativa, impulsada por el Parlament balear, ha contado con un amplio respaldo en la Cámara Baja, con la única oposición de Vox y el voto en contra del Partido Popular a la reforma en los términos planteados.
A partir de ahora, la propuesta continuará su tramitación en las Cortes Generales, donde deberá superar el debate de enmiendas y los pasos previstos en el procedimiento de reforma constitucional. De prosperar, Formentera pasará a tener voz propia en la Cámara Alta por primera vez en la historia, reforzando así la representación de los intereses insulares en el ámbito estatal.
