Este lunes 25 se reúne por última vez la comisión de investigación del accidente de Mina Cerredo que abordará el dictamen definitivo antes de llegar a sesión plenaria. Con el PSOE al margen, Partido Popular, Vox, Izquierda Unida y la diputada Tomé se unen para señalar como responsables políticos, entre otros, a los exconsejeros de Industria con Adrián Barbón, Nieves Roqueñí ahora presidenta de El Musel y Enrique Fernández ahora presidente de Hunosa. Este asunto además abre una discrepancia en el seno del gobierno de coalición y la mayoría parlamentaria de izquierda.
La presidenta de la comisión Covadonga Tomé señala que los responsables políticos mencionados son los de su propuesta. Además de Roqueñí y Fernández, los exconsejeros Isaac Pola y la dimisionaria Belarmina Díaz a los que se suman los funcionarios Alberto Quirino (Jefe de Sección), Santiago Berjano (Jefe de Servicio) y Gonzalo Martín (Secretario general técnico). Aparecen como responsables de un "fallo sistémico" que propició los accidentes en la mina. Tomé lamenta la posición de "pataleta" del grupo socialista en un ambiente en general "proactivo". El portavoz del PSOE en esta comisión René Suárez argumenta que se desligan del dictamen por los reparos técnicos expuestos por parte del Letrado de la cámara al exceder la delimitación de responsabilidades.
El socio minoritario de gobierno, Izquierda Unida sale en general satisfecho aunque hay cosas que disgustan al portavoz de Convocatoria Xabel Vegas: excluir de responsabilidad al alcalde socialista de Degaña Óscar Ancares por, entre otros motivos, no cobrar tasas municipales pero sí responsabilizar a funcionarios. El dictamen recoge la necesidad de ayudas a las familias de los mineros fallecidos en 2025 pero también, a propuesta de Izquierda Unida, los heridos hace un año y el fallecido y herido en 2022.
Vox considera acreditada la responsabilidad política del gobierno de Barbón, dice el diputado Gonzalo Centeno mientras el popular Rafael Alonso considera acreditado el "caos" en el departamento de minas.
Se abren ahora dos semanas para presentar votos particulares antes de llevar el dictamen a debate y votación final en el pleno de la Junta General.
