Isabel ve su trabajo como "escuchar, acompañar y proteger". Cuando le trasladan un problema, queja o sugerencia, se dedica a reunir información e intentar encontrar, en su caso, una solución. No siempre se consigue porque no siempre se le hace caso, explica, pero ella es muy insistente para tratar de conseguir mejoras para la comunidad universitaria. Depende del consejo de gobierno, porque un defensor universitario no tiene más poder que el de la palabra. "No mando nada" pero es una figura "incómoda", ironiza.
Desde que asumió el cargo, Isabel se ha esforzado en dar a conocer la defensoría universitaria, con sede en Gijón. El alumnado la conoce más, pero recurre menos a ella el profesorado. Entre las principales reticencias que debe vencer está el de la confidencialidad. Es necesario ganarse la confianza de todos para demostrar que salvo en casos contados nunca se sabrá quién puso una queja o una reclamación. Las que más recibe están relacionadas con las evaluaciones.
Tanto en universidades públicas como privadas hay defensores universitarias. Pero en las públicas son elegidas por la comunidad universitaria y en la privada son puestos a dedo. Sin embargo, los problemas son comunes, y de ellos se está hablando en Gijón en una jornada técnica de la conferencia estatal de defensorías universitarias.
