La coordinadora ecoloxista fue la primera en alegar contra estos parques. Fue en 2022, dos años antes de que el clamor social, dice su portavoz, Fructuoso Pontigo, obligase al gobierno asturiano a adoptar medidas. Porque "no tenía sentido" permitir que estos parques se ubicasen cerca de viviendas, añade. Solo había una razón para que se solicitasen tantas licencias para ello. Comprar suelo en la zona rural es más barato que en una zona industrial y la mayoría de los proyectos están gestionados por intermediarios que "solo buscan ganar dinero, les da igual con qué", sentencia Fruti.
El director general de Ordenación del Territorio, Ignacio Ruiz Latierro, ha explicado que esta medida afectará a los denominados parques de baterías stand alone, es decir, aquellos con una capacidad de almacenamiento superior a 3 megavatios (MW) y que no están destinados exclusivamente al autoconsumo. Se extenderá durante un máximo de 2 años, hasta que estén listas unas directrices que regularán definitivamente la actividad. Según Ruiz Latierro, la modificación del artículo 51 del ROTU era necesaria para ordenar este tipo de instalaciones, que considera equiparables a las de uso industrial. Por ello, ha subrayado que los emplazamientos más adecuados para su implantación deben ser suelos urbanos o urbanizables, especialmente aquellos en los que ya se contemplen usos industriales, extractivos o energéticos en los planes urbanísticos. Sin embargo, desde la Coordinadora advierten que la modificación de la norma sea avalada por los juzgados.
Asturias llegó a recibir más de 170 peticiones para instalar parques de baterías. El 40 por ciento del total en España, algo que no tenía razón de ser, apunta Pontigo. Aunque la modificación contempla la posibilidad de reclamaciones e indemnizaciones por parte de promotores que hubieran iniciado los trámites para instalar estos almacenes de energía, el Principado no prevé que se produzcan, ya que la mayoría de los 170 promotores iniciales han desistido o han buscado nuevas ubicaciones.
