El Principado de Asturias registró en el primer año de la aplicación de la ley de eutanasia un total de cinco muertes asistidas. Cuatro de ellas fueron en el domicilio y una quinta en el hospital, por propia voluntad de la persona que quería donar sus órganos, según ha informado este martes el Gobierno asturiano en base al balance anual aprobado por la Comisión de Garantía y Evaluación, que preside el médico José Fernández Díaz.
En todos los casos la eutanasia se llevó a cabo con un médico de referencia. En realidad, durante el primer año de aplicación de esta normativa, fueron once las personas que solicitaron la aplicación de este derecho en Asturias, y salvo en dos casos, el resto cumplían los criterios establecidos en la ley de "situación de padecimiento grave, crónico e imposibilitante o de enfermedad grave e incurable, padeciendo un sufrimiento insoportable que no puede ser aliviado en condiciones que considere aceptables".
No obstante, el 45% de las personas cuya solicitud fue admitida porque cumplía los criterios fallecieron antes de que finalizase el procedimiento legal para poder aplicarse, pero recibieron los cuidados paliativos indicados habitualmente en una sedación terminal. La edad media de los solicitantes es de 60 años; la persona más joven tenía 41 años y la de mayor edad, 77.
Según han explicado los responsables sanitarios asturianos, la aplicación de la ley de eutanasia ha revelado la conveniencia de que las personas realicen las instrucciones previas, más conocidas como testamento vital, para asegurar el acceso a una muerte digna en el caso de que se quiera ejercer este derecho. Esta es una de las conclusiones del balance anual aprobado.
José Fernández ha subrayado la necesidad de realizar una mayor "pedagogía social" sobre todos los aspectos relacionados con la muerte digna, en especial, sobre la importancia del denominado testamento vital, la eutanasia y los cuidados paliativos.
