La nueva sesión del consejo de gobierno tendrá como orden del día incluir un decreto en el que se regulará la Oficina para la Defensa del Contribuyente de la Administración tributaria de la Junta de Andalucía; así como otro acuerdo por el que se aprueba el contrato de gestión de la Agencia Tributaria de Andalucía para el período 2023-2026 y una orden por la que se eleva a 50.000 euros el límite exento de la obligación de aportar garantía en las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de las deudas derivadas de los tributos propios y de otras deudas de derecho público no tributarias.
El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, el popular Antonio Sanz, exponía el pasado abril, que la Junta iba a analizar esta normativa, considerando que el Gobierno central la había "cocinado de espaldas a las comunidades autónomas". Sanz señalaba, que se trata de una norma "permisiva con la ocupación ilegal", y considera que favorece la ocupación ilegal. A esto le sumaba que contempla medidas intervencionistas para la regulación de los precios de los alquileres y las zonas tensionadas. A juicio de Sanz, se trata de una norma que entraña "un ataque a la propiedad privada" y que trae consigo "inseguridad jurídica".
También se tratará el inicio de la elaboración de un Plan Estratégico de Sedes Administrativas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el incremento retributivo para el curso escolar 2023/2024 previsto en el acuerdo con las organizaciones sindicales representadas en la Mesa Sectorial de Educación para las retribuciones del profesorado de la enseñanza pública.
Además, se incluirá un acuerdo con el que se autoriza la creación y supresión de centros universitarios en las Universidades de Andalucía a partir del curso académico 2023/2024. En cuanto al transporte, se implantará una reducción del 60 por ciento sobre el precio habitual de los abonos y títulos multiviaje, excluido el billete de ida y vuelta, de los servicios de medios de transporte terrestres competencia de la Comunidad Autónoma hasta el 31 de diciembre.
