Según ha explicado este miércoles a los periodistas el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, el uso de instalaciones militares para estas labores ya se está llevando a cabo en otros puntos del país como Alcalá de Henares, Carabanchel, Mérida o Cartagena, y la iniciativa ha partido del Ministerio de Inclusión, que ha solicitado al de Defensa la posibilidad de utilizarlas temporalmente para este tipo de ayuda humanitaria.
En el caso de la base aérea de Armilla, ha dicho, se está estudiando de momento la posibilidad, y todo dependerá de si la situación lo requiere. Se trata de prestar servicios sanitarios, educativos y psicológicos a los inmigrantes solicitantes de asilo o de protección internacional que deben permanecer en un sitio hasta que se tramita la solicitud, ha explicado Montilla.
El subdelegado ha indicado que no hay una capacidad establecida pero que las instalaciones que cedan su uso deben tener espacio para acoger al menos a entre medio centenar y un millar de personas.
El Ayuntamiento de Alhendín, cuyo término municipal comprende parte de la base aérea de Armilla, ha mostrado este miércoles su oposición a cualquier construcción que se pretenda llevar a cabo en la zona perteneciente a la localidad al no estar permitida en la normativa urbanística.
El alcalde de Alhendín, Francis Rodríguez (PP), ha mostrado su "sorpresa y malestar" ante la notificación recibida por la empresa Tragsa, en la que anuncia el inicio de las obras en la conocida como Colonia Dávila para, según indica el documento, "la implantación de centros de migrantes".
La empresa ha notificado al consistorio a través del registro de entrada la realización de obras en este espacio municipal en dos fases: la primera para la adecuación de la parcela y la segunda para un campamento 1.200 en atención a las personas llegadas a las costas españolas, informa el Ayuntamiento en un comunicado.
Según el alcalde, la actuación anunciada incumple con la normativa urbanística del municipio de Alhendín, ya que la parcela en la que se quiere actuar está catalogada como suelo rústico en el PGOU.
El Ayuntamiento no ha recibido informe alguno por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre este proyecto ni se han pedido los preceptivos permisos municipales, señala.
El consistorio ha convocado para este jueves un pleno extraordinario para abordar este asunto, en el que espera contar con el apoyo del resto de grupos políticos.
El alcalde ya ha anunciado que trasladarán al Gobierno central que no permitirán "la alteración de la realidad urbanística" ni que "el Ejecutivo de España ni ninguna otra institución vaya contra los intereses de los vecinos de Alhendín".
También ha reaccionado a la noticia en un comunicado la alcaldesa de Armilla, Dolores Cañavate (PSOE), quien ha dicho que se ha puesto en contacto con el Ministerio de Migraciones, que ha apuntado que la decisión sobre este centro no es aún firme.
"Actualmente se encuentra en proceso de evaluación, considerándose diversas alternativas de ubicación", ha apuntado Cañavate, que ha trasladado al Ministerio que Armilla no ve idónea esta ubicación tanto por las características de los municipios afectados como por la calificación urbanística de los suelos.
La alcaldesa ha añadido que esta calificación urbanística se está estudiando y valorando por los ministerios implicados en el proyecto y se ha comprometido a informar a su vecinos de cualquier novedad.
El subdelegado ha precisado por su parte que de este asunto se ha informado "a quien ha preguntado. A quien no ha preguntado no se le puede informar nada porque no hay nada formal que decir".
Ha garantizado por otra parte "máxima transparencia" en los pasos que se vayan a dar para dar cobertura a una cuestión que, ha dicho, es de atención humanitaria.
