Un jurado popular será finalmente el encargado de juzgar el caso por la muerte violenta del médico Rafael Piorno, ocurrida en agosto de 2024 en Roquetas de Mar, después de que el juzgado instructor acordara transformar formalmente el procedimiento.
Este lunes, a las 10.30 horas, la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Roquetas de Mar, en la Plaza número 1, acogerá la comparecencia destinada a concretar las imputaciones.
A esta vista están citados presencialmente los dos investigados que se encuentran en libertad. Los otros dos principales encausados, un agente de la Policía Nacional y su presunto cómplice, asistirán respectivamente trasladado desde la prisión de El Acebuche y mediante videoconferencia desde el Centro Penitenciario de Sevilla 2.
La jueza instructora ha dictado un auto en el que acuerda abrir el procedimiento por la presunta comisión de los delitos de homicidio y robo con violencia e intimidación.
Según el relato recogido por la magistrada, el agente y su presunto cómplice habrían actuado de manera coordinada siguiendo un plan previamente preparado. La resolución señala que el 23 de agosto de 2024 ambos se desplazaron hasta el domicilio del médico en una furgoneta.
De acuerdo con el documento judicial, el segundo acusado entró inicialmente en la vivienda haciéndose pasar por un comprador de un inmueble y atacó a la víctima con un dispositivo eléctrico. Piorno, que tenía 76 años, consiguió defenderse con un cuchillo y causó tres heridas a su agresor en el cuello y los hombros. Ante la resistencia encontrada, el agente de policía habría entrado en la casa con el rostro cubierto, ya que era paciente del médico, y entre los dos habrían inmovilizado al facultativo para impedir que pudiera pedir ayuda, una actuación que terminó provocando su muerte.
El auto señala que, después de los hechos, ambos hombres trataron de eliminar los restos de sangre existentes en el lugar, se llevaron prendas de vestir del fallecido para que el presunto autor de las puñaladas pudiera cambiarse y dejaron la ropa ensangrentada en la furgoneta antes de escapar hacia León.
La jueza también atribuye responsabilidades a la pareja del agente y al hijo de este, a quienes señala por su presunta participación en labores previas de vigilancia y preparación. Como medida cautelar, ha establecido una fianza conjunta de 100.000 euros para los cuatro investigados.
La defensa reclama que se anulen las imputaciones. La abogada Elisabeth Guerrero, del despacho Boutique Legal y representante del agente y de sus familiares, ha presentado un recurso de reforma en el que solicita que se declaren nulas las imputaciones.
La defensa cuestiona parte de la versión recogida en la resolución judicial y se apoya para ello en un informe del Instituto Nacional de Toxicología fechado el pasado 3 de agosto. Según sus conclusiones, las pruebas realizadas para detectar sangre humana en los asientos del vehículo fueron negativas. A partir de este resultado, la representación del policía rechaza que los acusados hubieran introducido en la furgoneta prendas con restos de sangre.
En su recurso, Guerrero también cuestiona la "insuficiente e inadecuada individualización" de las conductas atribuidas a los investigados. La letrada sostiene que la instructora relaciona a la pareja y al hijo del agente con los delitos de homicidio y robo mediante una referencia genérica a su "colaboración", sin precisar una actuación concreta, causal o material que permita justificar su presunta participación en los hechos.
La defensa reclama igualmente que se elimine la fianza de 100.000 euros impuesta a los cuatro investigados, al considerar que se trata de una cantidad desproporcionada y que no cuenta con una motivación suficiente.
Rafael Piorno, reconocido pediatra y antiguo integrante de las listas electorales del Partido Popular, fue localizado tres días después del crimen. El médico se encontraba maniatado con bridas y presentaba heridas provocadas por un arma blanca.
