A los detenidos se les investiga por la presunta comisión de un delito contra la salud pública y otro contra los derechos de los trabajadores.
Además, estos trabajadores carecían de permiso de trabajo ni de residencia en España, tampoco estaban dados de alta en la Seguridad Social.
Tras inspeccionar el establecimiento, los agentes de salud confirmaron que los materiales y útiles de trabajo se trataban de productos no homologados, caducados y no adecuados para dicha práctica.
