El Tribunal Supremo ha dado un plazo de 24 horas a las partes -hasta las 15:00 horas de este miércoles-, para que presenten alegaciones a la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) sobre la ley de nietos, en la que envía documentación a todos los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de cara a las elecciones del 29N.
En su acuerdo 321/670 la JEC envía la documentación electoral para el 29N a todos los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), con la advertencia de que no todos podrán ejercer el derecho al voto debido a la suspensión decretada por el Supremo por la ley de nietos. El objetivo es que la documentación para votar llegue a todos los que no están afectados.
Las alegaciones de las partes
Así las cosas, la Abogacía General del Estado, la Fiscalía Vox e Iustitia Europa, las partes de la causa, pueden presentar las alegaciones que consideren. Iustitia Europa ya lo ha hecho y ha registrado un escrito en el que reclama al Tribunal Supremo que advierta sobre posibles incurrencias en un delito electoral si efectivamente estos inscritos votan el 29N.
También pide que acuerde las suspensión para los comicios del 29N de los efectos electorales y de las operaciones de votos a todos los que hayan adquirido la nacionalidad en virtud de la ley de memoria democrática y solo se los mantengan "a quienes hayan quedado individualmente exceptuados".
Exteriores confirma que 8 consulados ya han verificado quiénes tienen derecho a vto
Todo ello mientras el próximo 22 de octubre vence el plazo que el Supremo ha dado a los afectados que quieran personarse en la causa. Además, el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) está analizando si admite o no el recurso presentado por el Defensor del Pueblo, Ágel Gabilondo.
Por su parte, el Partido Popular ha denunciado esta "maniobra insólita" y ha pedido personarse en la causa para "defender un censo íntegro como garantía electoral". Además, ha exigido a Exteriores cumplir con "lo ordenador" por el TS y ha amenazado con "responsabilidades penales" si no lo hace.
Mientras tanto, el Ministerio de Exteriores ha confirmado que 48 oficinas consulares repartidas por todo el mundo ya han completado total o parcialmente el proceso para verificar quiénes de los nacionalizados tienen derecho a votar. Desde el Ministerio, han asegurado que "cónsules y consulados de España están haciendo todo lo que está en su mano y poniendo todos los medios para cumplir las medidas cautelares del Tribunal Supremo".
