Cuando vas a pedir un crédito pasa un poco lo mismo: si te prestan el dinero al 1 % de interés dices qué chollo, pero si te piden un 7 % lo que dices es “uff, prohibitivo”. Demasiado caro para mis posibilidades. A ese precio (a este interés) no puedo. El problema es qué haces si necesitas a toda costa ese préstamo para pagar los intereses de préstamos anteriores que aún estás devolviendo, porque si dejas de pagarlo te meten en la lista de morosos (o de insolventes) y entonces ya no te presta dinero ni tu madre. El Estado español, que necesita dinero prestado –como todos- para poder cumplir sus compromisos, consiguió esta mañana tres mil millones de euros de inversores que, pese a todo, están interesados en prestarle su dinero a España.
Están interesados y son interesados, como ocurre con los prestamistas, de ahí que hayan subido notablemente el precio que hay que pagarles por disponer, durante un tiempo, de su dinero. Demanda, como se dice en estos casos (inversores dispuestos a prestar) ha habido, más de la que se esperaba. Pero el precio también ha sido alto, de más del 5 por ciento, que para letras a un año o un año y medio es caro. Para que nos hagamos una idea, es el precio (el interés) más alto que pagamos desde hace veinticinco años. Si nos hemos comprometido a pagarlo es porque aún podemos permitírnoslo, pero, como admitió hace ya una semana el ministro de Economía, señor De Guindos, no podemos aguantar este nivel mucho más tiempo, es decir, que la financiación para España empieza a ser “prohibitiva”.
Como esto es un mercado, el precio más bajo lo fija aquel que esté dispuesto a cobrar menos. Si nos están exigiendo un 7 por ciento por el bono a diez años (hoy bajó un poco, al 6,999 %) es porque, por debajo de ese interés, nadie está interesado en quedárselo. Por eso el gobierno español dice: oiga, Banco Central Europeo, intervenga usted y salga a comprar por debajo de ese precio para que así el interés que me pidan los demás también baje. El gobierno lleva en esta batalla desde hace cuatro semanas: la famosa prima de riesgo tocó los quinientos puntos hace un mes, y desde entonces raro ha sido el día en el que bien Rajoy, bien Montoro, bien De Guindos, no han pedido de forma más o menos explícita que el BCE actuara. Sin éxito, como sabemos. ¿Cuánto tiempo más se puede prolongar esta situación?
El propio gobierno admite que no mucho. De ahí que la presión -la poca presión que, en realidad, podemos hacer- se ha redoblado. ¿Cómo? Buscando aliados que hagan suya la petición que estamos haciendo nosotros: y ahí entra Hollande y entra Monti, y entra, sin que nadie se lo haya pedido, Barack Obama, impacientado porque esto de Europa no se acaba nunca. Todos ellos pueden decir (aunque sea con indirectas) lo que creen que el Banco Central debería hacer, pero hacerlo sólo está en manos del propio BCE -que presume de su carácter independiente y no le gusta que le pongan deberes-, y como el BCE sabe que la principal economía europea, Alemania, no está por la labor de seguir interviniendo por la puerta de atrás para sostener los bonos nacionales, pues seguimos como estábamos hace un mes, con el riesgo país escalando posiciones y con los analistas mirando en la hemeroteca cuántos días aguantaron otros países euro bajo estas condiciones de mercado antes de rendirse a la presión y solicitar la asistencia financiera de la eurozona, o dicho de otro modo, que sean nuestros socios los que nos presten, a bajo interés, todo el dinero que necesitemos, con la contrapartida de que la política económica, a partir de ese momento, la marcan ellos.
Ésta es la encrucijada en la que estamos. El mercado es prohibitivo para España y no logramos que en la Unión Europea nadie toque la tecla que desbloquee esta situación que, en perjuicio de España, se ha enquistado y se está pudriendo. Aunque ayer el señor Durao Barroso se puso bravo cuando un periodista le preguntó en el G-20 si estaba preparado para la bronca que le iban a echar a Europa los demás integrantes --”no hemos venido aquí a que nadie nos dé lecciones”, dijo--, lo cierto es que la crisis de la deuda pública en Europa, la crisis del euro, se prolonga ya desde hace dos años y medio y no parece que la eurozona haya dado con la forma de sofocar el fuego. Alguien ha sugerido que se pruebe a encerrar a los líderes europeos en una sala sin aire acondicionado hasta que alumbren una vía para estabilizar el euro y acabar de una vez con esta historia (paréntesis: si es que esa vía existe y si es que es posible acabar del todo con la crisis del euro, que esa es otra de las dudas). Un encierro a la manera de los cónclaves vaticanos: mientras no haya fumata blanca de aquí no se sale.
Y hay también quien explica que esta presión permanente de los mercados sobre el euro (ahora Grecia, ahora Irlanda, ahora Portugal, ahora España e Italia) es la versión financiera de ese encierro: mientras la zona euro no se reinvente para dotarse de las herramientas que ahora no tiene, esto no terminará. Los nuevos conceptos en los que viene insistiendo ahora nuestro gobierno, esto de la unión bancaria, la integración fiscal, va en esa línea de reconstruir la zona euro. Pero aparte del obstáculo principal, que es que no todos los socios ven este asunto de la misma manera, existe un obstáculo adicional, que es el ritmo de los cambios, el calendario. La unión bancaria, la integración, los eurobonos, requieren (por las reglas que rigen en diecisiete países distintos) de un plazo largo para llegar a ser realidad, que desde luego no coincide con la urgencia que hoy tiene España para encontrar una forma de financiarse que no sea prohibitiva.
Ahora el presidente Rajoy subraya mucho esto de que hay que separar el riesgo bancario del riesgo soberano, que significa que si Europa te presta dinero para que capitalices los bancos pero te lo presta a ti, el Estado, no directamente a los bancos, el responsable de devolverlo eres tú, y eso hace que los inversores digan: pedazo de deuda nueva que ha adquirido ese país, cada vez tiene más que devolver, a ver si no va a poder hacerlo.
Tiene todo el sentido que España pida que este préstamo europeo vaya directamente a los bancos y sean ellos los responsables únicos de devolverlo. Pero los prestamistas, que son la eurozona, dicen que va a ser que no, porque si se le da el dinero al Estado, y no directamente a los bancos, es justo por eso, para que el riesgo de impago sea mínimo porque es el Estado quien responde, al final, del crédito y de pagar religiosamente los intereses. Tampoco en esto hay unida de criterio, porque el que arriesga lo ve de una manera y el que recibe lo ve de otra. La historia que se viene repitiendo en Europa desde que empezó la crisis financiera. No tiene nada de extraño que las demás potencias se pregunten si la Unión Europea cabe considerarla realmente una unión, es decir, si lo nuestro tiene remedio.
