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EL MONÓLOGO DE ALSINA

Hoy le convenía al ministro alegar ignorancia

Les voy a decir una cosa.

Nos reímos mucho el día que la guardia civil de tráfico multó a la infanta Elena por conducir un tractor sin seguro (¡oh, dijeron, fue un error del sistema!). Pues espérate que lo de Hacienda con los pisos de la otra infanta no sea una cosa parecida. Otro error, sólo que este plasmado en un informe oficial y remitido a un juez como si fuera un dato riguroso.

Carlos Alsina | @carlos__alsina  | Madrid | Actualizado el 19/07/2018 a las 06:34 horas

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. / EFE/Archivo

La historia ya la conocen: el juez Castro reclamó a la Agencia Tributaria un informe completo con las declaraciones de renta y patrimonio de doña Cristina en los diez últimos años. “Inclúyanmelo todo”, dijo el juez, “cuentas, activos financieros, inmuebles, transacciones”. Hacienda hizo lo que se le pedía y el viernes envió su informe al juez. Para sorpresa del magistrado, y de todas las partes personadas, la infanta había vendido nada menos que trece inmuebles entre 2005 y 2006. Trece ventas en poco más de un año que le reportaron un millón y medio de euros. Trece ventas de inmuebles que nadie sabía que la infanta tuviera. Ya en la noche del viernes, portavoces de doña Cristina empezaron a moverse para desmentir la información, con mucho más convencimiento que cualquier otro desmentido previo.

No sólo desmentían, sino que no alcanzaban a entender cómo había acabado semejante información incorporada a un documento oficial remitido a un juzgado. Que el afectado desmienta no prueba, obviamente, que la información sea falsa. Pero la ubicación de los inmuebles en cuestión y la cuantía de alguna de las operaciones -840 euros por una venta en Valenzuela de Calatrava, provincia de Ciudad Real; dos en Pilar de la Horadada, provincia de Alicante- aumentaron la duda. Lugares donde no consta que hayan puesto un pie nunca ni la infanta ni Urdangarín y cuyos vecinos están a cuadros. Imagina el mosqueo de una mujer que aparece en la información de la Agencia como compradora de cuatro fincas y una vivienda a doña Cristina y que dice que ella no sólo no conoce de nada a la infanta (bueno, sabe quien es, pero hasta ahí) sino que nunca compró esos terrenos porque eran de su madre.

Lo único que coincide con la información de Hacienda es que en el año 2005, la madre se plantó en el notario para poner las fincas a nombre de sus hijas, punto. Cómo un cambio de titularidad (de madre a hijas) acabó registrado, para Hacienda, como una venta, y cómo la propietaria que vendía pasó de ser una humilde mujer de pueblo a una infanta de España es algo que aún nadie ha sabido explicar. Pero que alguien va a tener que explicar. Porque en los papeles oficiales, en los registros en que basa Hacienda todas sus actuaciones, figura que aquello fue una compraventa de la infanta a las dos actuales propietarias. Valenzuela de Calatrava, provincia de Ciudad Real. Nadie recuerda haber visto a una infanta en el notario.

Durante el fin de semana esta historia ha estado presente en los medios de comunicación sin que en Hacienda fueran capaces de ofrecer alguna explicación al respecto. Entre que era fin de semana -no se trabaja- y que siempre cabe agarrarse a la privacidad para negarse a comentar datos de los contribuyentes, han pasado los días y Hacienda -pese a la insistencia de los abogados de doña Cristina- no ha desmentido ni corregido nada. Todo lo que llegaron a contar, extraoficialmente, es que un informe como éste que pidió el juez se hace, en realidad, en un pis pas. Metes el NIF de la persona investigada en el ordenador y éste te saca el listado de bienes a su nombre, activos financieros y compraventas de inmuebles en que haya participado. Metieron el NIF de la infanta y allí aparecieron la casa de Calella y  las fincas de Calatrava.

Pero también dice Hacienda: eh, que esta información nosotros la copiamos de los notarios y los registradores, o sea, que en realidad no es nuestra. ¿Cómo? Eso: que Hacienda obtiene la información sobre operaciones inmobiliarias de los registros y las notarías; la incorpora al expediente, pero no verifica que sea correcta. Aumenta el lío. Si la Agencia Tributaria, en un informe remitido a un juez, te adjudica propiedades y ventas sin verificar que esos hechos sean ciertos, oiga, ¿qué valor tienen sus informes? Hoy ha dicho Montoro, el jefe de esa casa: no descarto que haya podido haber un error. Hombre, si informas a un juez de que un contribuyente ha vendido trece inmuebles en dos años y eso es falso, no estás cometiendo un error, estás incurriendo en negligencia.

Porque tú, que eres la agencia tributaria, te escudarás en que haces un corta y pega de los datos de notarías, pero el juez que recibe tu informe lo que interpreta es que esos son los hechos: que, en efecto, tenías más propiedades que Luis Roldán. Y si contaminas la instrucción del caso con datos falsos estás poniendo en riesgo la validez de la investigación. No se crean, hay quien cree que es justo esto lo que se está urdiendo: echar arena en el engranaje para que la indagación descarrile. Como poco, le estás complicando la tarea al juez, que ahora tiene que ponerse a confirmar, por su cuenta, si lo que dice Hacienda se corresponde con la realidad. O dicho de otro modo: esto de qué va. Qué está pasando.

El asunto tiene repercusión política porque la agencia tributaria es una entidad que depende de un ministerio. Y de un ministro que se llama Montoro y que hoy habló de este asunto como si no fuera con él; como si la Agencia Tributaria no fuera cosa suya. “Será la Agencia la que tenga que dar explicaciones”, ha dicho. Como si el presidente de la Agencia no fuera su secretario de Estado. Como si no hubiera tenido dos días y medio para enterarse de qué ha sucedido ahí y en qué consiste el error que, según él, ha podido cometerse. Hoy le convenía al ministro alegar ignorancia: ¿un informe sobre un contribuyente concreto? Uy, yo nunca recibo ese tipo de información. Claro, claro.

Una cosa es insinuar que hay tertulianos, o diputados, que tienen problemas con el fisco, ¿verdad? (que ahí el ministro no alega ignorancia, sino al contrario) y otra responder de una negligencia cometida por su departamento. Negligencia grave. No por afectar a quien afecta -que sea la infanta sólo le ha dado notoriedad al asunto- sino por lo que es: un informe con datos falsos remitido, como si fueran ciertos, a un juzgado.