La ley de Movilidad Sostenible, que tiene como objetivos "una mayor cohesión social y territorial, un desarrollo económico resiliente y la reducción de gases de efecto invernadero y otros contaminantes" ya ha entrado en vigor. El Boletín Oficial del Estado (BOE) la ha publicado como Ley 9/2025 y ha definido la movilidad como "un derecho colectivo esencial".
La ley establece planes de movilidad sostenible de distintos niveles: local, autonómico, estatal y para grandes centros de trabajo. Para llevarlos a cabo, la Ley crea el Sistema General de Movilidad Sostenible, para gestionar la cooperación entre el Estado, las autonomías y las entidades locales, junto con la participación del sector privado y la sociedad civil.
Planes para las empresas y recuperación de las indemnizaciones por retrasos en RENFE
En un plazo máximo de dos años, las empresas con más de 200 trabajadores o de 100 por turno deberán idear planes de movilidad sostenible al trabajo. Para ello, deben impulsarse medidas como el coche compartido, el transporte público o, incluso, sufragar ellas mismas el abono transporte. Si las compañías no se adhieren a estos planes pueden enfrentarse a multas de hasta 2.000 euros.
Asimismo, la Ley fija un plazo de seis meses para que el Ministerio de Transportes presente un estudio para acabar con los vuelos domésticos "en aquellas rutas en las que exista una alternativa ferroviaria con una duración menor de dos horas y media".
En relación con esta medida, a partir del 1 de enero de 2026 se recuperarán los compromisos de puntualidad y devoluciones de RENFE anteriores a las modificaciones aprobadas en julio de 2024. Esto es gracias a una enmienda presentada por el PP y que salió adelante gracias a Vox, ERC, Junts y Podemos.
De esta manera, los viajeros recibirán una indemnización del 50% y 100% por 15 y 30 minutos de retraso, respectivamente, en la alta velocidad y media distancia. Desde 2024, las indemnizaciones se pagaban a partir de 60 o 90 minutos.
Nuevas movilidades y una tasa para los vehículos que circulen por zonas de bajas emisiones
Otra de las medidas permite que los municipios que lo consideren oportuno cobren una tasa aquellos vehículos que circulen por zonas de bajas emisiones y que las superen. La ley también aborda la necesidad de incluir la movilidad sostenible en el sistema educativo, así como que el trayecto hasta los centros educativos sean seguros y siguiendo los objetivos de movilidad.
También se plantea la posibilidad de dotar a algunas vías carriles de uso reservado o preferente para el transporte público, vehículos cero emisiones o de alta ocupación. Para ello, el Gobierno tiene que elaborar una Estrategia Estatal contra la Pobreza de Transporte para que toda la sociedad pueda acceder a los servicios públicos. El plazo máximo para hacerlo es de dos años.
Del mismo modo, la ley apuesta por nuevas movilidades, como el transporte a la demanda, para ajustar la prestación de servicios de transporte a las necesidades de zonas con escasa demanda. También se incluye un supuesto el alquiler de vehículos sin conductor, el uso temporal de coches, conocido como carsharing.
Financiación, innovación y transparencia
Además, la ley pone el foco en la innovación, la digitalización y la transparencia. Para ello, crea el Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM) para que las administraciones, la ciudadanía y cualquier profesional tenga a su alcance datos de movilidad e infraestructuras.
Igualmente, la ley crea un "sandbox" (espacio controlado de pruebas) para aquellos proyectos en fase piloto y una Oficina para la Facilitación de Pruebas de Vehículos Automatizados (OFVA) para que los vehículos automáticos se vayan incluyeno poco a poco en las carreteras.
En cuanto a financiación, la norma estipula un modelo de financiación pública. Para ello, crea el Fondo Estatal de Contribución a la Movilidad Sostenible (FECMO-FCPJ) para que parte de los fondos estatales vayan destinados a financiar el transporte público urbano o proyectos de inversión de mejora de movilidad urbana, rural...
