El decreto aprobado por el Gobierno para activar el reparto obligatorio de menores migrantes no acompañados ha generado un profundo debate entre comunidades autónomas. Sin embargo, dos territorios destacan por su exclusión del reparto: Cataluña y el País Vasco. Esta situación ha despertado críticas, sobre todo desde comunidades como Andalucía o La Rioja, que consideran el sistema injusto.
Por qué Cataluña y País Vasco están exentas
La respuesta está en los criterios técnicos fijados por el modelo de gestión de contingencias migratorias aprobado en el seno de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. Entre estos criterios se incluyen la población, el esfuerzo previo de acogida, la tasa de paro, la renta per cápita, la dispersión territorial y el número de menores ya acogidos.
Según los datos del Ministerio de Juventud e Infancia, ni Cataluña ni el País Vasco tendrán que acoger menores en esta derivación extraordinaria porque actualmente ya superan las cuotas de acogida que les corresponderían en función de estos criterios. Cataluña, de hecho, ha comunicado su disposición a recibir voluntariamente al menos a 31 menores, como ha hecho en campañas anteriores. Esto no implica que estas comunidades estén fuera del sistema, sino que, gracias a su implicación previa, ya han cumplido con su parte proporcional de acogida.
El modelo parte de una base de 32 menores por cada 100.000 habitantes. Si una comunidad ya está por encima de ese umbral, o si ha hecho un esfuerzo superior al de otras, se ajusta el reparto. Además, este cálculo se complementa con parámetros como el PIB regional, el desempleo o el número de plazas estructurales disponibles.
Este sistema ha sido duramente criticado por comunidades gobernadas por el PP, muchas de las cuales han recurrido el decreto ante el Tribunal Constitucional o el Supremo. No obstante, el Gobierno insiste en que se trata de un mecanismo solidario, proporcional y, sobre todo, necesario para garantizar el bienestar de niños y niñas migrantes, independientemente de la comunidad autónoma en la que lleguen.
Según los cálculos aprobados, Andalucía, Cataluña y Madrid son las comunidades con mayor capacidad ordinaria:
- Andalucía: 2.827 plazas
- Cataluña: 2.650 plazas
- Madrid: 2.325 plazas
Les siguen la Comunidad Valenciana (1.767), Galicia (886), Castilla y León (783), Canarias (737) y País Vasco (731). En un segundo bloque se sitúan Castilla-La Mancha (692), Murcia (517), Aragón (441) y Baleares (406).
En el grupo con menor capacidad figuran Extremadura (344), Asturias (331), Navarra (223), Cantabria (194) y La Rioja (107). Finalmente, Ceuta y Melilla deberán disponer de 27 y 28 plazas, respectivamente.
