En medio de la profunda crisis migratoria que atraviesa Ceuta, marcada por la activación de un frente vecinal para intentar recuperar la normalidad y la tensión diplomática tras la reciente expulsión de un equipo de RTVE por parte de Marruecos, el foco de alarma se centra ahora en la seguridad ciudadana y la protección a los más vulnerables.
Las denuncias por agresiones sexuales en el entorno fronterizo han provocado un grave choque institucional entre las fuerzas de seguridad y las autoridades sanitarias, evidenciando un drástico contraste de datos sobre la magnitud de esta tragedia en el terreno.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) se ha visto obligado a pedir amparo directo al presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, reclamando una reunión urgente de máximo nivel para buscar soluciones.
Esta decisión excepcional se ha tomado después de que, según ha denunciado públicamente el propio sindicato, el delegado del Gobierno se haya negado a reunirse con los representantes policiales para abordar la falta de efectivos operativos.
Ana María Alarcón, portavoz del sindicato policial, ha puesto sobre la mesa cifras alarmantes, asegurando que se "hablan ya de 15 violaciones desde la entrada masiva", destacando el último caso conocido que afecta a una niña de tan solo 10 años.
A este grave clima de inseguridad ciudadana se suma la alerta internacional, ya que en los controles fronterizos se ha logrado detener además a un individuo con antecedentes por terrorismo que estaba siendo reclamado activamente por Interpol.
Sanidad al límite frente al cruce de datos del Ministerio
El colapso también ha encendido todas las alarmas en el sector sanitario local, donde los médicos de Ceuta venían acusando al Ministerio de Sanidad de "eludir sus responsabilidades" y cargaban contra la titular de la cartera, Mónica García, por no haber visitado la ciudad hasta ahora.
Mientras el Colegio de Médicos denunciaba la saturación y la secretaria general de SATSE, Elisabeth Muñoz, exigía "un mando único que no niegue la realidad", la ministra ha realizado este mismo domingo su primera visita oficial a Ceuta, abordando directamente el terrible asunto de las agresiones sexuales.
Durante su comparecencia sobre el terreno, Mónica García ha evidenciado este choque de cifras en los registros oficiales.
Tal y como ha indicado textualmente la ministra: "Acabamos de tener una reunión con la ciudad de Ceuta y la consejera de salud ha cifrado en cinco a las chicas atendidas por agresión sexual" y añade "Se han ofrecido a hacer todos los informes médicos y clínicos necesarios".
En este sentido, el dato contrasta drásticamente con las 15 violaciones que investiga y denuncia la Policía.
Mónica García ha insistido en que se trata ante todo de una crisis migratoria y humanitaria que requiere recursos en el territorio y una colaboración estrecha con las distintas ONG que operan en la frontera, intentando calmar el clima de tensión institucional.
Para rebatir las acusaciones de abandono vertidas por los profesionales, García ha asegurado que hay camas de sobra para los migrantes, que su departamento ha redoblado los recursos disponibles y que la presión asistencial no ha afectado a las vacaciones de los facultativos.
De hecho, ha querido zanjar la polémica destacando además que, desde la administración de la ciudad autónoma, en ningún momento se han solicitado más refuerzos sanitarios para afrontar la situación actual.
