El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas vive una situación crítica tras la imposición de nuevos controles de acceso por parte de Aena para frenar la presencia de personas sin hogar, una medida que ha generado controversia entre pasajeros y expertos en servicios sociales.
En paralelo, la empresa pública que gestiona los aeropuertos de interés general en España y el Ayuntamiento de Madrid han alcanzado un acuerdo para realizar un censo que permita identificar y atender a la cientos de personas que pernoctan en las instalaciones aeroportuarias.
Controles burlados y que afectan a los pasajeros
La crisis social en el aeropuerto de Barajas se ha intensificado en los últimos días, y para atajar la situación, Aena ha instaurado controles de acceso nocturnos que restringen la entrada a quienes no presenten tarjeta de embarque o acreditación laboral, una medida que ha dejado a decenas de personas a la intemperie y ha suscitado críticas por parte de usuarios y organizaciones sociales, que consideran que solo genera una molestia en los pasajeros y no abordan el problema de fondo.
Los nuevos controles, que se aplican desde las 21:00 hasta las 5:00 horas, han obligado a muchas personas sin hogar a adelantar su llegada o buscar refugio en otras zonas del aeropuerto, como los aparcamientos o plantas subterráneas. Aunque las primeras noches transcurrieron sin incidentes graves, la medida ha evidenciado la falta de alternativas para quienes dependen del aeropuerto como único refugio seguro. La situación ha sido calificada de "delicada y grave", y ha motivado un cruce de acusaciones entre administraciones sobre la responsabilidad de ofrecer soluciones habitacionales.
Pese a que esta medida ha conseguido reducir algo este sector poblacional, todavía hay cientos de personas que han conseguido traspasar esas barreras y muchos que se han visto obligados a pernoctar en los aledaños del aeropuerto
Paco, una de esas personas afectadas por el sinhogarismo en la terminal, expuso la realidad de la escasa efectividad de este sistema al diario La Razón.
"¡No! Mira, les estamos demostrando en su cara que estamos aquí, que nos estamos riendo en su cara, la verdad, porque es lo que estamos haciendo, es reírnos de ellos", espetó.
Este usuario además calificó la situación de una "pantomima institucional" estos operativos desplegados por el gestor aeroportuario.
"Lo único que hacen es entorpecer el movimiento de los pasajeros, que lo único que quieren es viajar. Si no, ¿para qué vendrían al aeropuerto?". manifestó Paco.
Un censo sine die para atender cada caso
El registro confirmado ayer por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, tras la reunión que mantuvo con el presidente de Aena, Maurici Lucena, en la sede de la empresa pública en Madrid. Almeida explicó que el censo será para identificar a las personas sin hogar lo va a hacer, a cargo de Aena, una entidad del Tercer Sector, Fresno, que va a tener un plazo máximo para terminarlo durante el próximo mes de junio.
El máximo edil capitolino ha asegurado que con esa identificación, el Ayuntamiento va a estar ya en disposición de "dar la mejor asistencia social posible en función de la problemática que puedan tener" cada una de las personas afectadas.
Mientras tanto, Aena y el Ayuntamiento van a seguir actuando con los equipos de intervención social que tienen en el aeropuerto de Barajas. En este sentido, el alcalde de Madrid ha recordado que solo 14 de las 105 personas sin hogar que el consistorio de la capital tiene monitorizadas en el aeropuerto de Barajas han accedido a los recursos municipales que les han ofrecido los servicios sociales.
La combinación de controles de acceso y el acuerdo para realizar un censo marca un punto de inflexión en la gestión del sinhogarismo en Barajas. Mientras los nuevos controles generan debate sobre su eficacia y su impacto en los pasajeros, el consenso entre Aena y el Ayuntamiento abre la puerta a una intervención social más estructurada y coordinada. El éxito del plan dependerá de la capacidad de ambas instituciones para ofrecer alternativas dignas y convencer a las personas afectadas de aceptar el realojo, en un contexto de alta vulnerabilidad y falta de recursos habitacionales en la capital.
