La filtración de los audios del centro de control de Adif durante los minutos previos al accidente ferroviario de Urda (Toledo) sigue generando controversia.
La periodista Carmen Morodo ha señalado al Ministerio de Transportes y a la cúpula de Adif como responsables de la decisión de difundir las grabaciones, en las que se escuchan las conversaciones mantenidas con los maquinistas antes de la colisión que dejó 69 fallecidos.
Durante la tertulia de 'Más de uno' de Onda Cero, Morodo ha asegurado que la publicación de estos audios no fue casual: "La filtración de esos datos, esa cadena de custodia, es una decisión política y es una decisión política que se toma en el Ministerio de Transportes y en la cúpula de Adif. No hay más", ha afirmado.
"Se tomó cuando todavía no se había terminado de rescatar a las víctimas"
Morodo ha situado la supuesta decisión de filtrar las grabaciones en las primeras horas posteriores al accidente, cuando todavía continuaban las labores de rescate.
"Es una decisión política que se toma en la noche, donde todavía no se habían terminado de rescatar a las víctimas, para construir un relato que no se va, no se puede sostener", ha denunciado.
La periodista ha cuestionado que se pretenda atribuir toda la responsabilidad a una actuación individual cuando, a su juicio, existen otros factores que también deben investigarse. "Aquí hay un fallo sistémico estructural de todo el modelo de la cadena de seguridad, no solo del sistema LZB, sino de la siguiente barrera de seguridad, de los protocolos, de cómo funcionaba el centro de control", ha señalado.
La autoría de la filtración sigue sin conocerse
La jueza encargada de investigar el accidente decretó el secreto de las actuaciones, lo que ha abierto también un debate jurídico sobre las posibles responsabilidades de quien facilitó las grabaciones.
Varios juristas han planteado que, dependiendo de quién tuvo acceso a los audios y de las circunstancias de su divulgación, podrían examinarse posibles delitos relacionados con la revelación de actuaciones judiciales secretas o de información conocida por razón del cargo.
Por el momento, no se ha identificado públicamente al responsable de la filtración ni se ha acreditado que respondiera a una instrucción política.
Morodo, sin embargo, ha insistido en que la responsabilidad por el accidente no puede limitarse a la actuación de un único trabajador y ha reclamado que se examine el conjunto de la cadena de seguridad ferroviaria.
"No tiene nada que ver la responsabilidad política con la responsabilidad penal", ha concluido al defender que también deben exigirse explicaciones a los responsables de la gestión del sistema ferroviario.
