El 16 de octubre de 2017, en un control, la policía detuvo el coche de Torrence y en su interior encontró una bolsa con restos de marihuana y cocaína. Como solo había restos, los agentes sospecharon que los había ocultado en el recto y, aunque él lo negaba, le llevaron al hospital para comprobarlo.
Como él lo seguía negando y seguía negándose a que le hicieran la prueba, los doctores les dijeron a los agentes que no podían comenzar si no le entregaban una orden policial. Mientras llegaba la orden, le hicieron una radiografía en la que no se detectaba en su interior objetos extraños. Aun así, llegó la orden y con ella, por mucho que Torrence se siguiera negara, los doctores ya sí estaban obligados a sedarle e introducirle la sonda habitual de 20 cm.
Sedado, por supuesto, a la fuerza. El resultado del análisis era que no había droga. Torrence no se enteró de nada, aunque le debieron hacer alguna herida porque tenía manchas de sangre. A los pocos días una agencia de cobradores de deudas le empezó a seguir. La había contratado el propio hospital para que pagase los 4.000 euros que habían costados las pruebas. Torrence por ahora no ha pagado, pero la deuda sigue ahí pendiente. No se sabe quién tiene que hacerse cargo.