La magistrada Rosa Weber, del Tribunal Supremo, negó una petición cautelar similar presentada por los abogados de Lula el pasado viernes, el mismo día en el que el exmandatario fue interrogado por la policía en una comisaría. La defensa de Lula pretende que el Supremo se pronuncie sobre un posible conflicto de competencias, derivado del hecho que dos tribunales han abierto causas paralelas para investigarle por su supuesta implicación en las corruptelas de la petrolera estatal Petrobras.
La investigación se desarrolla en el Tribunal de Justicia de Sao Paulo y en el Tribunal Federal de Curitiba, algo que, según la defensa de Lula, es ilegal puesto que ambas instancias tratan de los mismos hechos.
La Fiscalía de Paraná -estado del que Curitiba es capital- considera que existen indicios "significativos" de que el exmandatario recibió cerca de 20 millones de reales (unos 5 millones de dólares) en donaciones de cinco empresas implicadas en los desvíos en Petrobras.
Del mismo modo, la Fiscalía investiga si Lula es propietario de un apartamento situado en la localidad de Guarujá y una finca rural en el municipio de Atibaia, ambos en Sao Paulo y que figuran a nombre de otras personas, allegadas al ex jefe de Estado. Según los abogados de Lula, no existen motivos para que el caso se investigue por la Fiscalía Federal de Paraná, que es la encargada del caso Petrobras. Según los mismos, es "un absurdo" establecer cualquier relación entre los inmuebles investigados y los supuestos desvíos en el ámbito de Petrobras.
