El secretario de Estado adjunto en funciones para Latinoamérica, Paco Palmieri, hizo esas declaraciones en un mensaje de Twitter, enviado el sábado por la noche.
"Maduro y su policía secreta siguen haciendo caso omiso del estado de derecho con su arresto y retención ilegal del miembro de la Asamblea Nacional, constitucionalmente elegido, @JuanRequesens. El último ejemplo en una larga letanía de abusos #DerechosHumanos. #11Ago #Venezuela", afirmó Palmieri.
El Gobierno venezolano ha acusado a Requesens de ser cómplice del supuesto atentado con drones que se produjo el pasado sábado mientras Maduro daba un discurso durante un acto de celebración del 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada).
Requesens fue detenido el martes junto a su hermana, Rafaela, por funcionarios del servicio de inteligencia del Estado (Sebin).
Este viernes, el ministro de Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, presentó en una rueda de prensa un vídeo en el que el diputado confiesa supuestamente haber participado en el complot a petición del expresidente del Parlamento venezolano Julio Borges, exiliado en Colombia.
En ese vídeo asegura haber coordinado la entrada a Venezuela de Juan Monasterios, también detenido por este caso.
El vídeo busca demostrar la implicación en el atentado de Borges, cuya detención ha pedido a la Interpol el Ejecutivo venezolano.
La familia de Requesens ha rechazado los vídeos y su hermana, Rafaela, ha apuntado a la posibilidad de que haya sido drogado o torturado para obligarle a hacer esas declaraciones incriminatorias.
En un discurso televisado, cuando se cumple una semana del atentado, Maduro insistió en que los responsables son el ya expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y miembros de la ultraderecha que, desde el estado de Florida (EE.UU.), activaron uno de los drones, según sus investigaciones.
Maduro ha pedido ayuda al presidente de EE.UU., Donald Trump, para capturar a los "asesinos" y se ha mostrado abierto a que el FBI viaje a su país para investigar el ataque.
Hasta ahora, el Gobierno de EE.UU. se ha limitado a rechazar su implicación en el atentado y condenar toda forma de violencia.
No obstante, una portavoz del Departamento de Estado dijo esta semana que investigará "actividades ilegales" dentro de su territorio si se aportan "evidencias creíbles".