Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo han logrado un acuerdo sobre el Pacto de Migración y Asilo que reformará la política común con un mayor control de las fronteras exteriores de la Unión Europea y ofrecerá a los gobiernos una 'solidaridad a la carta' que les permitirá eludir la acogida de parte de los migrantes reubicados si pagan una compensación por cada traslado rechazado.
Las presidentas del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha coincidido en señalar el momento "histórico" que supone el acuerdo que pone fin a años de tensiones entre los propios países de la UE --desde la llamada 'crisis de refugiados' de 2015-- y llega a tiempo para finalizar su tramitación antes de las elecciones europeas de junio, un plazo que pesaba en los negociadores para evitar que su desarrollo se viera afectado por la campaña electoral y el avance de la extrema derecha.
Metsola ha defendido que "es un planteamiento humano, justo con quienes buscan protección, firme con quienes no son elegibles y firme con quienes explotan a los más vulnerables". Lo ha dicho en una rueda de prensa junto a los eurodiputados negociadores, entre ellos el español Juan Fernando López Aguilar (PSOE), quien ha destacado que el pacto "está pensado para Canarias".
Principales puntos del acuerdo
- Un mecanismo de "solidaridad flexible" que obligará a los Veintisiete a responder ante un socio desbordado con la llegada de migrantes, bien reubicando en su territorio a parte de las personas llegadas, bien pagando una compensación tasada por cada migrante que rechace. El objetivo es trasladar a al menos 30.000 migrantes cada año, pero los países podrán negarse a recibir a parte de los acogidos a cambio de una compensación de 20.000 euros por cada traslado rechazado o de medios o fondos por valor equivalente.
Refuerzo de fronteras: control previo a la entrada para las personas que no cumplan las condiciones de entrada que incluirá la identificación y recopilación de datos biométricos, así como controles de salud y seguridad, en un proceso que durará máximo siete días. Las autoridades deberán tener en cuenta las necesidades específicas de los menores y cada país contará con un "mecanismo de supervisión independiente" para garantizar el cumplimiento de los Derechos fundamentales.
Un pacto pensado para Canarias
El eurodiputado Juan Fernando López Aguilar ha explicado que el pacto alcanzado prevé activar "una respuesta europea" para trasladar a migrantes en caso de que una región esté saturada, sin la necesidad de que lo esté todo el país, lo que beneficiará a Canarias.
Aguilar ha apuntado que "la crisis se puede declarar no solamente por una saturación a escala nacional, sino también a una escala local o regional, con una cláusula que está pensada específicamente para las islas, como las griegas, Lampedusa y Canarias".
Críticas de las ONG
Pese al optimismo expresado tanto por eurodiputados como por los gobiernos, representados por la presidencia española del Consejo, varias ONG han visto en el resultado un "paso atrás" en la protección de los derechos fundamentales de los migrantes vulnerables que llegan a la Unión Europea en situación irregular o en busca de protección.
La directora de Amnistía Internacional en Europa, Eve Geddie, ha señalado que "este acuerdo está diseñado para dificultar que las personas lleguen de manera segura" y sostiene que facilitará que "más personas sean detenidas 'de facto' en la frontera de la UE, incluidas familias con niños y personas vulnerables".
