La situación migratoria en Ceuta vuelve a tensionarse con el traslado de inmigrantes desde los asentamientos de la playa del Trampolín y Benítez hacia el campamento provisional instalado en la zona portuaria. En una entrevista con Rafa Latorre en Más de uno, el vicepresidente de Ceuta, Alejandro Ramírez, cuestiona la gestión del Gobierno central y advierte de los problemas que genera concentrar a miles de personas en un espacio con 1.700 plazas.
Ramírez califica las imágenes del traslado de "muy triste" y expresa su "indignación" porque, según explica, se repite un problema que ya se produce en otros puntos de la ciudad. También insiste en que la ubicación del campamento en la zona portuaria presenta problemas de seguridad y afecta a una infraestructura especialmente sensible.
Según el vicepresidente, el número de intervenciones en el puerto pasa de unas 80 durante un mes a más de 1.000 en aproximadamente 50 días. A esta situación se suma, según explica, la dificultad para conocer con precisión cuántas personas permanecen en los asentamientos de la playa del Trampolín, Benítez y el entorno de la desaladora.
La presión por las 1.700 plazas
El campamento provisional instalado en el puerto dispone de 1.700 plazas. Ramírez señala que esta cifra resulta insuficiente frente al número de personas que se encuentran en los asentamientos.
El vicepresidente asegura que algunas entidades que trabajan sobre el terreno trasladan una estimación de unas 3.000 personas entre el Trampolín y Benítez. Por ello, advierte de una nueva situación de tensión cuando quienes no consiguen acceder al campamento tienen que buscar otro lugar donde permanecer.
Ramírez también habla de un "efecto llamada" provocado por la percepción de que llegar al puerto permite acercarse al objetivo de continuar el viaje hacia la península o hacia Europa.
Según explica, esta situación genera además incertidumbre ante una posible segunda fase del operativo: la devolución a Marruecos de las personas trasladadas.
Críticas a la gestión del Gobierno
El principal reproche del vicepresidente se centra en la ausencia de devoluciones. Ramírez asegura que, después de 50 días, no se produce ninguna devolución y señala que más de 4.000 inmigrantes llevan más de 20 días alojados en campamentos.
El vicepresidente cuestiona que se espere a acumular a miles de personas en diferentes emplazamientos antes de comenzar a tramitar las devoluciones.
"Después de 50 días todavía el Gobierno no ha sido capaz de tramitar un solo expediente de repatriación o de agrupamiento familiar al país vecino", afirma.
Ramírez también cuestiona la estrategia general del Ejecutivo y considera que se aplican medidas ordinarias ante una situación que, según su valoración, es extraordinaria.
"No tiene sentido esta estrategia, por llamarlo, que el Gobierno está siguiendo con medidas ordinarias ante una situación que por las propias imágenes que vemos día tras día, todo el mundo entiende y comprende que es una situación extraordinaria", señala.
Ramírez asegura que sí recibió un aviso del traslado
Durante la entrevista, Rafa Latorre pregunta al vicepresidente si el Gobierno de Ceuta recibe información sobre el dispositivo que comienza esta mañana en el puerto.
A diferencia de lo que señala el presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta en Antena 3, quien asegura que no recibe comunicación sobre el traslado, Ramírez afirma que sí recibe un aviso durante la tarde-noche del día anterior.
El vicepresidente explica que recibe una llamada en la que le comunican que a primera hora de la mañana se procede al desalojo de parte de las playas y al traslado de personas al puerto. Sin embargo, precisa que la información que recibe se limita a las actuaciones relacionadas con sus competencias.
"Se me traslada que hoy en esta mañana temprano sí va a procederse a parte del desalojo de las playas para su traslado al puerto", explica.
Ramírez señala que recibe la comunicación porque tiene competencias en materia de limpieza y medio ambiente y porque los equipos municipales deben quedar preparados para intervenir en las zonas que se desalojan.
Sin embargo, asegura que no recibe más información sobre el dispositivo y añade que tampoco le consta que se solicite apoyo a la Policía Local.
"Tenemos conocimiento del operativo", afirma, antes de añadir que "también me consta que no se ha pedido tampoco ningún tipo de apoyo, en este caso a la Policía Local".
El vicepresidente considera que el operativo se desarrolla con rapidez y desorganización y relaciona esas prisas con la decisión de la Audiencia Nacional de levantar el veto al uso del campamento.
"Yo creo que puede ser motivada esas prisas de hacerlo ya y de esta manera tan desorganizada que es lo que estamos viendo ahora mismo en las imágenes", sostiene.
Preocupación por la desaladora
La entrevista también aborda la expansión de los asentamientos desde la playa del Trampolín hacia Benítez, donde se encuentra la desaladora que suministra agua potable a Ceuta. Ramírez explica que la empresa responsable del servicio alerta sobre la presencia de asentamientos muy próximos a las instalaciones y sobre el riesgo de posibles intrusiones o vertidos.
El vicepresidente destaca la importancia de proteger esta infraestructura por las consecuencias que puede tener cualquier contaminación sobre el suministro de agua potable de la ciudad.
Al mismo tiempo, advierte de que el traslado al puerto no resuelve el problema de fondo. Según explica, las personas que no consiguen alojamiento en el campamento pueden regresar a las zonas donde se encuentran anteriormente.
"Las miles de personas que se van a quedar sin alojamiento en el puerto seguramente vuelvan en breve a ocupar de nuevo la playa del Trampolín y alrededor", señala.
La situación de los menores no acompañados
La entrevista también aborda la situación de los menores inmigrantes no acompañados y una comunicación del Gobierno central sobre la disponibilidad de plazas para trasladarlos a la península. Ramírez niega que Ceuta no responda a esa comunicación y asegura que existen contactos directos y prácticamente diarios entre la ciudad y el Ministerio.
El vicepresidente explica que el Gobierno plantea realizar los traslados a través de una entidad social y que las administraciones trabajan en la designación de un representante, una figura vinculada al nuevo marco europeo.
Sobre la posibilidad de trasladar a la península a los menores que permanecen en Ceuta, Ramírez defiende que la situación actual no puede abordarse como una crisis migratoria ordinaria.
También advierte de que un traslado generalizado puede generar un nuevo incentivo para la llegada de menores a la ciudad.
"Ceuta no se puede convertir en una lanzadera, por así decirse, de inmigrantes y de manera acompañado a la península y Europa", afirma.
El vicepresidente cuestiona además que, después de 50 días, no se tramite, según sus declaraciones, ningún expediente de repatriación o reagrupación familiar con Marruecos.
