Así resume Miguel Ondarreta las principales noticias del día:
En el plano institucional y de seguridad, el ministro Fernando Grande-Marlaska se reafirma en la ausencia de avisos por parte del CNI sobre la crisis en Ceuta.
A pesar de admitir con cierta resignación que hay sucesos graves que ocurren sin que tenga que haber una responsabilidad directa, se impone la llamada "doctrina del apagón" con cero responsables tras la avalancha que se cobró la vida de cerca de un centenar de personas. Marlaska ha vuelto a señalar a las mafias como únicas culpables y presume de una respuesta inmediata y eficaz tras la devolución de 70.000 inmigrantes a Marruecos, mientras la Unión Europea cierra filas con España desvinculando la regularización extraordinaria de esta crisis.
Por otro lado, la vertiente territorial de los menores migrantes amenaza con colapsar la acogida en la península. El PP, a través de su número dos, Miguel Tellado, deja en el aire la recepción de menores en las comunidades en las que gobierna con Vox tras calificar la situación como un problema de "seguridad nacional" y exigir la dimisión de los ministros Marlaska y Robles. En este contexto, Junts recuerda que ya pactó dejar a Cataluña al margen del reparto, mientras diversas autonomías advierten de que sus centros están saturados. Para aliviar la presión, se activará una partida extraordinaria de 25 millones de euros para Ceuta, cuyo delegado del Gobierno reconoce abiertamente que la normalidad tardará en llegar.
Por último, el panorama judicial se complica con varios frentes abiertos. El juez Calama ha reclamado a la UDEF un informe exhaustivo sobre la derivada venezolana del rescate a la aerolínea Plus Ultra, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, para analizar las entradas de capital desde 2017 y las condiciones bajo las que se otorgó la ayuda pública. Todo ello mientras, 49 días después, el expresidente Zapatero sigue sin aclarar el origen de sus joyas, y el juez Peinado remite a la Fiscalía Europea la investigación sobre el empresario Juan Carlos Barrabés por posibles irregularidades en adjudicaciones financiadas con fondos comunitarios.
