La causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se prepara para afrontar la fase decisiva y próxima a su resolución. El magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, encargado de la investigación, antes de tomar la decisión final, ha citado a nuevos nombres, entre los que se encuentra Carlos Neira, el abogado de Alberto González Amador, y cuatro periodistas.
Cuando todo apuntaba a que la declaración de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, del pasado viernes iba a ser la última citación de la causa, el magistrado Ángel Hurtado acordó cinco testificales nuevos a petición de la Abogacía del Estado, que ahora sí y salvo imprevisto de última hora, serán previsiblemente las últimas diligencias a practicar en este procedimiento.
Será tras la declaración del abogado de González Amador cuando el juez esté en condiciones de decidir si procesa al fiscal general o, en cambio, acuerda el archivo de la causa.
Nuevo desfile de testigos
Los citados a declarar esta semana son Carlos Neira, abogado de González Amador, quien envió el correo del 2 de febrero de 2024 a la Fiscalía en el que admitía la comisión de dos delitos fiscales en su nombre. Además, cuatro periodistas del diario El País están llamados a testificar.
La declaración de Neira está prevista para el 27 de mayo y la de los cuatro periodistas tendrá lugar el 30. González Amador explicó que el correo enviado por Neira fue una iniciativa del propio letrado y que no tenía constancia de su existencia hasta el 14 de marzo gracias a la prensa, una vez se había filtrado el contenido en la noche del día 13.
En cuanto a los periodistas, se da la circunstancia de que el instructor ya rechazó en su día estas testificales, a instancias también de la Abogacía del Estado, una decisión que ratificó más tarde la Sala.
No obstante, el juez explica que los cuatro periodistas han realizado unas manifestaciones ante notario que, en opinión de la defensa de García Ortiz, son de la suficiente relevancia como para que las ratifiquen y amplíen ante el magistrado.
El abogado del Estado quiere aclarar si los profesionales de la información conocían ya la información antes de la supuesta filtración.
