La Policía registra la desaladora de Escombreras por orden judicial

El registro ha sido ordenado por el Juzgado de Instrucción Número 5 de Murcia, cuya titular es María del Mar Azuar, que investiga supuestos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y fraude.

La desalinizadora está gestionada por las empresas Hydromanagement y Tedagua, del grupo ACS, y según fuentes oficiales de la Comunidad Autónoma, el gobierno autonómico ha pagado 94 millones de euros por el alquiler y debe 35 millones a las citadas sociedades.

Según ha informado el diario La Verdad de Murcia, con este registro comienza una investigación judicial que tiene su origen en una denuncia presentada a finales de 2015 por la Fiscalía en la que aparece el exconsejero de Agricultura, Antonio Cerdá, "como la cabeza visible de una supuesta trama ligada a la construcción y explotación de la desalinizadora".

Según este diario, sería "el presunto máximo responsable de un conglomerado de intereses que habría derivado en un descomunal fraude -de decenas de millones de euros- contra las arcas de la Administración regional".

El Gobierno regional, según informó la consejera portavoz, Noelia Arroyo, a principios de mayo, envió el pasado julio a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia el expediente de la desaladora de Escombreras, y a finales de septiembre al Tribunal de Cuentas y a la Asamblea Regional, donde hay abierta una comisión de investigación sobre esta infraestructura.