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El Gobierno de Murcia pide "máxima celeridad"

La Policía registra la desaladora de Escombreras por orden judicial

Agentes de la Brigada Provincial de la Policía Nacional de Murcia están llevando a cabo este martes un registro en las instalaciones de la desaladora de Escombreras por orden judicial, según ha informado un portavoz de este cuerpo, que no ha querido dar detalles al encontrarse bajo secreto de sumario.

EFE | Madrid | 17/05/2016

El registro ha sido ordenado por el Juzgado de Instrucción Número 5 de Murcia, cuya titular es María del Mar Azuar, que investiga supuestos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y fraude.

La desalinizadora está gestionada por las empresas Hydromanagement y Tedagua, del grupo ACS, y según fuentes oficiales de la Comunidad Autónoma, el gobierno autonómico ha pagado 94 millones de euros por el alquiler y debe 35 millones a las citadas sociedades.

Según ha informado el diario La Verdad de Murcia, con este registro comienza una investigación judicial que tiene su origen en una denuncia presentada a finales de 2015 por la Fiscalía en la que aparece el exconsejero de Agricultura, Antonio Cerdá, "como la cabeza visible de una supuesta trama ligada a la construcción y explotación de la desalinizadora".

Según este diario, sería "el presunto máximo responsable de un conglomerado de intereses que habría derivado en un descomunal fraude -de decenas de millones de euros- contra las arcas de la Administración regional".

El Gobierno regional, según informó la consejera portavoz, Noelia Arroyo, a principios de mayo, envió el pasado julio a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia el expediente de la desaladora de Escombreras, y a finales de septiembre al Tribunal de Cuentas y a la Asamblea Regional, donde hay abierta una comisión de investigación sobre esta infraestructura.