Casado, ha planteado recuperar las competencias penitenciarias transferidas a la Generalitat en 1983 para evitar posibles incumplimientos de condenas como las conocidas este lunes a dirigentes políticos catalanes, "tratos diferenciados" o "discrecionalidad en la aplicación del tercer grado".
Es uno de los compromisos que Casado quiere asumir si llega a la Presidencia del Gobierno, y forma parte de una lista que incluye modificaciones del Código Penal, entre otros fines para asegurar el cumplimiento íntegro de las penas para delitos de rebelión o sedición.
En rueda de prensa en el Congreso para analizar la sentencia del Tribunal Supremo, que establece penas de entre 9 y 13 años de prisión los acusados en el juicios del "procés", el líder del PP también ha abogado por cambiar la ley de financiación de partidos políticos, de modo que no reciban fondos públicos si en su seno hay dirigentes condenados por sedición o rebelión.
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