El Gobierno está preparando una Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud para introducir límites y condiciones para que los hospitales públicos puedan ser gestionados por entidades privadas.
Este anteproyecto de ley que pretende aprobar este martes el Ministerio de Sanidad en el Consejo de Ministros refuerza también los mecanismos de control del gasto y la supervisión de los conciertos, según han adelantado varios medios como 'El Confidencial' y ha podido confirmar Onda Cero.
La ministra Mónica García presentará el anteproyecto de esta ley en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Tres condiciones para la participación privada en servicios públicos
La nueva ley fija que la participación privada en la prestación de servicios sanitarios de titularidad pública será excepcional y para darse, se deben cumplir tres condiciones: imposibilidad de prestación pública del servicio en cuestión, garantía de sostenibilidad financiera y eficiencia y cumplimiento de criterios de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad.
Evaluación previa
Antes de formalizar conciertos o fórmulas de colaboración público-privadas se hará una evaluación previa y en este procedimiento las comunidades deberán elaborar un informe que justifique la necesidad de recurrir a la gestión privada.
Asimismo, el texto establece que en los conciertos se priorizarán entidades no lucrativas frente a operadores mercantiles, si se opta por una fórmula de colaboración con el sector privado.
Por otro lado, se prohibirán los contratos en los que la construcción de un hospital y la gestión posterior sea asumida al mismo tiempo por una empresa privada. Además, la Alta Inspección podrá asesorar a las comunidades que quieran volver a la gestión pública directa.
Las comunidades deberán rendir cuentas sobre contrataciones y conciertos e indicadores de calidad del servicio para incrementar el control público.
Esta ley no afectará a los contratos u otras fórmulas anteriores a su entrada en vigor.
