La salida progresiva de prisión de históricos miembros de ETA como Soledad Iparraguirre, 'Anboto', o el etarra Francisco Javier García Gaztelu, 'Txapote', se debe gracias a la Ley Orgánica 7/2014 que se modificó con una reforma legal aprobada en el Congreso sin que PP y Vox detectaran la enmienda clave. Ambos partidos respaldaron la modificación sin advertir que permitiría reducir condenas a decenas de presos de la banda.
Por qué se reducen las penas
La clave está en el cambio introducido en la Ley Orgánica 7/2014 sobre el intercambio de antecedentes penales en la Unión Europea. Esta modificación permite computar en España los años de cárcel cumplidos en otros países, principalmente Francia, evitando así el doble cumplimiento por una misma trayectoria delictiva y adelantando las fechas de excarcelación.
Según las estimaciones, alrededor de medio centenar de presos de ETA podrían beneficiarse de este nuevo cómputo, lo que ya está teniendo efectos en el sistema penitenciario. Algunos de ellos han accedido o están en vías de acceder a la libertad o a regímenes de semilibertad.
Es el caso de 'Anboto', que desde este mismo martes se encuentra en régimen de semilibertad en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. La que fuera una de las principales dirigentes de ETA, con responsabilidades en la dirección y el aparato militar de la organización, fue condenada a 793 años de prisión por su implicación en al menos 14 asesinatos.
Detenida en Francia en 2004, cumplió allí parte de su condena antes de ser entregada a España en 2019. En total, ha pasado cerca de 22 años en prisión entre ambos países. Ahora, el nuevo marco legal permite tener en cuenta ese tiempo a efectos de su condena en España, acelerando su progresión penitenciaria.
La reforma
La reforma que lo ha hecho posible se remonta a septiembre de 2024, cuando el Congreso aprobó por unanimidad la modificación legal con 346 votos a favor. Durante su tramitación, el Gobierno introdujo una enmienda pactada con Bildu, según denuncia el PP, que modificaba el artículo 14.1 de la ley, equiparando los efectos jurídicos de las condenas dictadas en otros Estados miembros de la UE a las impuestas en España.
Ninguno de los grupos parlamentarios advirtió entonces el alcance de ese cambio. La norma siguió su curso y fue publicada semanas después en el Boletín Oficial del Estado, entrando en vigor a los veinte días.
Tras conocerse sus efectos, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reconoció el fallo de su partido y lo calificó de "error injustificable". Los populares pidieron disculpas por no haber detectado la enmienda durante la tramitación parlamentaria y anunciaron medidas para tratar de frenar sus consecuencias.
En Vox también admitieron no haber sido conscientes del impacto de la reforma. Desde el partido señalaron que la redacción era compleja y que "nada hizo saltar las alarmas", insistiendo en que su posición es contraria a cualquier beneficio penitenciario para condenados por terrorismo.
El PP llegó a plantear un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional, al considerar que el Senado había vetado la norma y que el Congreso debía haberla sometido de nuevo a votación. Sin embargo, la Cámara Baja la dio por aprobada sin repetir el trámite.
