La Fiscalía ha pedido nueve años y medio de inhabilitación para ejercer cargos públicos para el expresidente de la Generalitat Artur Mas por los supuestos delitos de desobediencia y de prevaricación con la organización de la consulta ciudadana sobre la independencia del 9 de noviembre de 2014.
En el escrito de acusación los fiscales Emilio Sánchez Ulled y Francisco Bañeres también reclaman ocho años y siete meses para la entonces vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, la misma pena que para la que era consellera de Enseñanza, Irene Rigau --en ambos casos, también por desobediencia y prevaricación.
La Fiscalía les acusa de haber desobedecido intencionadamente el mandato del Tribunal Constitucional (TC) de suspender la consulta de haber intentado aparentar que habían la organización del 9N en manos de los voluntarios.
