La Fiscalía Provincial de Valencia ha descartado cualquier responsabilidad de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, por la gestión de la emergencia de la dana el 29 de octubre y apunta a que la responsabilidad principal era de la administración autonómica. Era a la entonces consellera de Justicia e Interior, con competencias en emergencias, Salomé Pradas, a la que le competía dirigir el plan frente al riesgo de inundaciones y determinar las medidas de protección a la población. La decisión llega tras un recurso de la asociación Hazte Oír que ha sido desestimado.
La Fiscalía argumenta que, dado que la emergencia no fue declarada de interés nacional, la delegada del Gobierno tenía un rol meramente de coordinación entre el Estado y la Generalitat. En cambio, la responsabilidad directa de la gestión de la emergencia, incluida la adopción de medidas de protección, correspondía a la Generalitat, según la legislación aplicable.
El escrito del fiscal menciona específicamente que la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, declaró la emergencia en nivel dos, lo que implicaba que ella era la responsable de dirigir el plan de protección civil y tomar las decisiones necesarias para mitigar los efectos de la dana.
El cometido de Bernabé, al no haber sido declarada la emergencia de interés nacional, "era la de estricta coordinación de la administración estatal con la autonómica, sin que, respecto al resultado generado, y al no hallarse en la posición de garante ni tener un dominio funcional del riesgo, pueda imputársele, desde la perspectiva del principio de culpabilidad que rige el derecho penal, la fata de adopción de decisiones que hubieren evitado o atenuado el referido resultado". Como consecuencia de la dana en la provincia de Valencia 228 personas perdieron la vida.
'Hazte Oír' alegaba la competencia de Bernabé para adoptar decisiones que hubieran evitado los fallecimientos o lesiones de personas o disminuido el número de víctimas como consecuencia de la dana. Sin embargo, señala el fiscal que la Constitución y el Estatuto de Autonomía determinan que la Generalitat Valenciana tiene la competencia exclusiva sobre protección civil y seguridad pública, una afirmación que se completa con la ley 13/2010 de la Generalitat de Protección Civil y Gestión de Emergencias.
Además, añade que esta norma establece que el Consell es el órgano superior de dirección y coordinación de la protección civil en la Comunitat Valenciana en el ámbito de sus competencias; que a la conselleria que tenga atribuida esa competencia le corresponde gestionar el Centro de Coordinación de Emergencias y enumera una serie de funciones que le corresponde al titular de ese departamento.
