La Fiscalía Europea ha reclamado al titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, una parte de la investigación abierta contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según ha confirmado en fuentes jurídicas. Se trata de lo que afecta a una UTE en la que participó una sociedad del empresario Juan Carlos Barrabés y que se habría hecho con fondos europeos.
Este movimiento se produce después de que la semana pasada la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personara en la sede de la sociedad pública Red.es para recabar información relacionada con la investigación por orden de la Fiscalía Europea.
Cabe recordar que el pasado 26 de abril el órgano comunitario se interesó por la causa y preguntó al titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, que admitió a trámite una denuncia de Manos Limpias contra Begoña Gómez si el procedimiento afectaba a contratos suscritos con fondos europeos.
En un decreto del 26 de abril, la Fiscalía Europea pidió al juez que le informara de los hechos que investiga y que le precisara si en el procedimiento "estaría implicada la UTE Innova Next SLU- Escuela de Negocios The Valley", integrada por una sociedad propiedad del empresario Juan Carlos Barrabés, a quien Manos Limpias señala como beneficiario de las "recomendaciones o avales" de Gómez.
Los fiscales delegados Laura Pellón, Luis Miguel Jiménez y Antonio Zárate señalaron en dicho decreto que la Fiscalía Europea "podría, en su caso, llegar a ejercer su competencia" para investigar dichos contratos si así lo estima pertinente, por los que solicitó al juzgado que le remitiese la documentación oportuna.
En una providencia, el juez de Madrid contestó que en los hechos que investiga constaban "procesos de adjudicación de distintos contratos, por parte de Red.es, entre otros, a la UTE compuesta por las entidades 'Innova Next' --sociedad del Grupo Barrabés--, 'SLU Escuela de Negocios', y 'The Valley'".
Ante la petición de la Fiscalía Europea, el instructor facilitó copia de los documentos requeridos, aunque no se pronunció sobre la competencia de la investigación en lo relativo a los contratos con fondos europeos, ya que es la propia Fiscalía Europea la que tiene que determinarlo.
