La actriz Elisa Mouliáano ha acudido a declarar por tercera vez ante el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid en el marco de la querella por presuntas calumnias presentada por el exdiputado de Sumar Íñigo Errejón. La reiteración de su ausencia sitúa el procedimiento en un punto crítico y abre la puerta a posibles medidas judiciales contra la intérprete.
Según fuentes jurídicas, el magistrado Arturo Zamarriego ya había advertido a Mouliáa de que, en caso de no comparecer, podría acordar su detención y traslado a sede judicial, además de valorar un eventual delito de desobediencia a la autoridad. Pese a ello, la actriz ha reiterado su imposibilidad de acudir, alegando compromisos profesionales internacionales que la mantienen desplazada entre Dubái y distintas zonas del Mar Rojo con limitaciones de comunicación.
Intento fallido de declaración telemática
La defensa de Mouliáa ha solicitado que la declaración se realizara por videoconferencia, una opción que, según su abogada Yurena Carrillo, no fue aceptada por el juez. La letrada sostiene que su clienta estaba dispuesta a declarar de forma telemática, aunque reconoce dificultades técnicas para garantizar la conexión.
Carrillo también ha defendido la situación médica de la actriz, que ya justificó una incomparecencia anterior por ansiedad, y ha insistido en que existe base documental que respalda su versión. Además, mantiene que el procedimiento ha dado un giro en el que "se han invertido los roles", situando a Mouliáa en una posición de defensa frente a lo que considera una estrategia procesal de la parte contraria.
Origen del conflicto judicial
La querella de Errejón se deriva de las declaraciones públicas de Mouliáa, quien acusó al exdirigente político de haber extorsionado a testigos relacionados con otra causa en la que se investiga una presunta agresión sexual. Errejón negó estos hechos ante el juez el pasado abril, asegurando que no tenía relación directa con dichos testigos y que estos declararon por iniciativa propia.
Tras rechazar un acto de conciliación —en el que se le pedía una rectificación y una indemnización de 10.000 euros—, la actriz dejó vía libre a la querella, que ahora centra el procedimiento en determinar si sus afirmaciones constituyen un delito de calumnias.
Qué puede suponer para la causa
La tercera incomparecencia consecutiva de Mouliáa tiene implicaciones procesales relevantes. En primer lugar, refuerza la posibilidad de que el juez adopte medidas coercitivas, como una orden de detención, para garantizar su declaración. Este escenario no implica un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, pero sí evidencia un endurecimiento del procedimiento.
Además, la reiteración de ausencias puede ser interpretada por el juzgado como una estrategia dilatoria, algo que ya ha deslizado el magistrado al rechazar tanto la suspensión de la comparecencia como la recusación planteada por la defensa. Esto podría influir en futuras decisiones procesales, limitando la capacidad de maniobra de la actriz.
Para Errejón, la situación refuerza su posición procesal en esta fase, ya que su defensa confía en que el juez actúe en coherencia con sus advertencias previas. Sin embargo, el avance efectivo de la causa sigue condicionado a que Mouliáa declare, ya que su testimonio es clave para esclarecer el contexto y alcance de las afirmaciones que motivaron la querella.
En términos reputacionales, el caso sigue proyectando desgaste para ambos protagonistas. Mouliáa ve aumentada la presión judicial y mediática, mientras que Errejón mantiene abierto un frente legal paralelo al procedimiento por la presunta agresión sexual.
El desarrollo inmediato dependerá de la respuesta del juzgado en los próximos días: si opta por medidas coercitivas, el caso podría acelerarse; si concede nuevas facilidades para la declaración, se prolongará un proceso que ya muestra signos de creciente tensión entre las partes.
