El Comité de Derechos y Garantías del PP andaluz ha propuesto la suspensión cautelar de militancia del presidente del partido en Almería y de la Diputación Provincial, José Aureliano García; del vicepresidente de la institución provincial, Fernando Giménez, y del alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, tras ser detenidos este martes por supuestos contratos irregulares vinculados con el caso mascarillas.
En un comunicado, el partido ha indicado que tras las últimas informaciones conocidas este martes, el Comité ha incoado expediente informativo a fin de esclarecer los hechos objeto de la instrucción relacionados con los tres detenidos.
Desde las filas populares andaluzas proponen la "suspensión cautelar de su militancia, en tanto en cuanto se esclarezcan los hechos objeto de esta investigación, siendo efectiva con carácter inmediato". El partido espera que tras la investigación "no exista responsabilidad alguna por parte de los afiliados". Pone de manifiesto, además, "el derecho de los mismos a la presunción de inocencia y a la defensa de sus intereses en este procedimiento".
Fernández-Pacheco y Escobar asumen las funciones del presidente del PP-A
El vicepresidente segundo de la Diputación de Almería, Ángel Escobar Céspedes, ha asumido la presidencia en funciones de la institución provincial tras las diligencias judiciales que se han llevado a cabo esta mañana por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil bajo la coordinación del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería. Por su parte, el actual secretario general provincial, Ramón Fernández-Pacheco, asumirá las funciones de la presidencia del PP de Almería.
Arrestados otros cuatro investigados
Además de los cargos anteriormente citados, han sido arrestados otros cuatro investigados cuyo nombre no ha sido facilitado por el tribunal, aunque fuentes de la UCO han señalado que uno de ellos es un técnico de Obras Públicas y otro el hijo del alcalde de Fines.
La operación se ha desarrollado a primera hora de la mañana con el registro, por parte de la UCO de la Guardia Civil, de diez inmuebles entre viviendas particulares, oficinas públicas y sedes de sociedades mercantiles que habrían participado en las actividades presuntamente delictivas.
Sospechas de delito de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales
El auto que ha autorizado estos registros y ha facultado a la UCO para practicar las detenciones que considere necesarias señala que "en el presente caso existen sospechas fundadas de la comisión de unos hechos que pudieran ser constitutivos de un delito de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales".
La investigación judicial recoge indicios de que los investigados "hubieran colaborado o, cuanto menos, facilitado, la adjudicación fraudulenta de contratos públicos a favor de determinadas empresas con el objetivo de cobrar comisiones de las que ellos podrían haber ser destinatarios, entre otros". Según el auto, parte de estas contrataciones se habría tramitado en la propia Diputación y "algunas se podrían haber llevado a cabo en el Ayuntamiento de Fines".
