Después de aprobar la primera reforma de las pensiones el ministerio de Escrivá se pone ahora otra prioridad, el fondo público de pensiones que debe estar listo antes de mitad de año, según informa El periódico de España. Es el plazo comprometido con Bruselas.
Pero seguridad social se ha encontrado con todos los agentes sociales en contra. Tanto patronal como sindicatos creen que el proyecto que pretende establecer un fondo de ahorros complementario a las pensiones de jubilación está poco maduro y no incluye suficientes incentivos. Y se quejan además, según cuenta este diario, de que no se han introducido cambios sustanciales con respecto a reuniones anteriores. Y los que sí se han incluido o son mínimos o dividen más que unen.
Última versión del texto que el ministerio de Inclusión
La última versión del texto que el ministerio de Inclusión ha puesto sobre la mesa, después de meses de borradores y negociaciones, contiene pocos cambios sobre los redactados anteriores, dicen fuentes sindicales y empresariales, y los que hay son de dos tipos: los de carácter menor, y los que no propician el acuerdo, aseguran.
Entre los primeros se cuenta, por ejemplo, la nueva composición de la Comisión de Control Especial de los fondos de pensiones de promoción pública, el organismo que supervisará el funcionamiento de los fondos, que será más equilibrada: según el borrador actual, estará constituida por once miembros, de los que tres serán propuestos por los sindicatos, tres por la patronal y cinco por el ministerio de Inclusión; en la versión anterior, eran 17 integrantes y el departamento de Escrivá tenía una mayoría absoluta (9) frente a los representantes sociales (4 cada uno).
Otro de los cambios menores tiene que ver con los criterios con los que se efectuarán las inversiones de los recursos depositados en los fondos: a las versiones anteriores que ya señalaban que esas estrategias tendrían que ser socialmente responsables, se añade ahora que tendrán que alinearse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y los principios medioambientales y sociales europeos, así como "estar en consonancia con la transición justa hacia una economía verde y digital propiciada por la Unión Europea", según el texto, al que ha tenido acceso El periódico de España.
